En condiciones de ser visto por la Sala quedó el proyecto que obliga al personal de Gendarmería, a efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
El texto fue votado en particular por la Comisión de Hacienda que revisó normas de su competencia considerando el trabajo desarrollado previamente, por la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización.
De hecho, el informe financiero de la propuesta indica que los fondos se destinarán a capacitar al personal que tendrán esta nueva obligación. “Dado que el número adicional de personas (que deberán ser instruidas) es acotado, puede ser financiado con cargo al presupuesto vigente de la institución, por tanto, estas indicaciones no irrogarán mayor gasto”.
En concreto, el mensaje en segundo trámite, establece que todo el personal de Gendarmería (planta y contrata) deberá realizar declaración de intereses a través de una fórmula escalonada en el tiempo (4,8 y 12 meses), según estamento al que pertenezca.
En la sesión de la Comisión de Hacienda, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz explicó que el proyecto se enmarca en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, en particular en las medidas anticorrupción en la gestión penitenciaria. La autoridad aseguró que “a la fecha, Gendarmería cuenta con 20 mil 525 funcionarios (mil oficiales, 14 mil suboficiales y gendarmes, y 4 mil 700 profesionales), de los cuales solo un 11,5% está obligado a declarar patrimonios e intereses”.
También se destacó la aprobación en la Comisión de Gobierno, de una indicación de la senadora Yasna Provoste. Esta indica que “la información contenida en las declaraciones podrá ser revisada por órganos fiscalizadores o contralores internos de Gendarmería de Chile, debidamente acreditados, manteniéndose su carácter reservado respecto del público general. Se garantizará el resguardo de datos personales y sensibles”.
Por su parte, la directora nacional (S) de Gendarmería, María Angélica Aguirre recordó los casos en que el personal de esta institución se ha visto involucrado en delitos. “Ayer informamos tres operativos importantes donde se detectaron funcionarios que operaban al interior de bandas que cometen ilícitos, por lo que 76 efectivos fueron desvinculados. Algunos están en reclusión y otros con medidas cautelares”, aclaró.