​Seguridad hídrica: todos de acuerdo, pero nadie está a cargo

Aunque diversas fundaciones, universidades, gremios y otros actores han presentado agendas hídricas para el próximo gobierno, aún no se conoce cuál será su plan de acción definitivo. Esta definición resulta urgente, pues numerosos sectores públicos y privados están ejecutando acciones de adaptación al cambio climático y a la escasez hídrica, sin contar con una señal clara de futuro por parte de la autoridad, situación que se ha repetido en los últimos gobiernos.

La ausencia de una política pública robusta y de largo plazo —expresada en un gran Plan Nacional Hídrico que articule institucionalidad, inversiones, protección de los ecosistemas hídricos y objetivos estratégicos con indicadores y metas claras— no nos ha permitido avanzar con la celeridad y la certeza que el país requiere. No basta con declarar que el objetivo es la seguridad hídrica: es imprescindible definir el cómo, el cuándo, con qué recursos, para quiénes y, sobre todo, quién liderará este proceso.

Hoy tenemos, una vez más, la oportunidad de que un nuevo gobierno comprenda que buena parte de la parálisis actual se explica por la falta de definiciones políticas claras, definiciones que solo el Poder Ejecutivo puede impulsar. Para que estas sean sostenibles y legítimas en el tiempo, deben construirse de manera participativa e inclusiva, incorporando a los diversos actores vinculados al agua.

A ello se suma la existencia de varios proyectos de ley —alrededor de diez— actualmente en tramitación en el Congreso, que requieren un pronunciamiento claro y ajustes sustantivos. Se trata, en su mayoría, de iniciativas parlamentarias aisladas y no de proyectos impulsados desde el Ejecutivo, donde radica la conducción de la política hídrica. Esta fragmentación legislativa puede transformarse en un riesgo para la regulación vigente, pues cada proyecto responde a objetivos y miradas distintas, sin considerar la integralidad del marco legal actual.

Asimismo, resulta indispensable formalizar las modificaciones normativas necesarias para avanzar en la adaptación a los nuevos contextos. Un ejemplo concreto es la gestión que se debe realizar en cada cuenca, establecida en la Ley Marco de Cambio Climático y Código de Aguas. Implementar efectivamente este enfoque requiere cambios normativos que permitan reconocer e integrar la cuenca en la nueva institucionalidad hídrica, definiendo con claridad sus funciones, fuentes de financiamiento, mecanismos de gobernanza y su relación tanto con las organizaciones de usuarios existentes como con la autoridad. Mientras ello no ocurra, el avance será limitado.

Si este gobierno no asume la prioridad que el agua exige, el país completará dos décadas de estancamiento sin el necesario liderazgo político para construir nuevos escenarios participativos y sostenibles que nos conduzcan, de una vez por todas, hacia la tan anhelada seguridad hídrica.

Gabriel Caldés

Consejero

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).