​Expertos de International Human Rights Advisors instan en Buenos Aires a reforzar controles ante el uso político de Interpol en Latinoamérica

En el marco del Seminario “Crimen organizado transnacional: desafíos y respuestas desde el Derecho Penal Internacional”, celebrado los días 1 y 2 de diciembre en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y organizado junto a Bases Republicanas con el apoyo de la Corte Penal Internacional, los abogados británicos Ben Keith y Rhys Davies, fundadores de International Human Rights Advisors, así como Cristian González Ruiz, asociado de la firma, encabezaron una ponencia central dedicada al papel de Interpol en la lucha contra la criminalidad organizada y al mismo tiempo a los riesgos que enfrenta la región ante los abusos del sistema.

Su presentación, titulada “INTERPOL, su lucha contra la criminalidad internacional y uso indebido de sus canales por parte de regímenes autoritarios”, puso de relieve que, aunque Interpol es un pilar indispensable de la cooperación penal global, continúa siendo altamente vulnerable a la manipulación con fines políticos, económicos y geopolíticos. En palabras de Davies: “Interpol no es una policía global ni una corte. Es una red de intercambio de información. Cuando se utiliza para perseguir opositores o influir en disputas comerciales o arbitrales, el daño es inmediato y profundo”.

En Buenos Aires, Keith, Davies y González ampliaron los argumentos que han venido desarrollando en sus publicaciones recientes sobre el uso instrumental de Interpol en Latinoamérica. Explicaron cómo algunos Estados se han valido de investigaciones penales económicas, órdenes de detención, congelamientos de activos y notificaciones rojas (red notices) para intervenir en litigios de inversión de miles de millones de dólares, afectando la integridad de procesos asociados a escándalos como Lava Jato y a disputas vinculadas a proyectos de infraestructura en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador. El resultado, señalaron, es un ecosistema jurídico en el que la línea entre cooperación internacional y presión estatal queda peligrosamente difusa.

Para Keith, “cuando un Estado combina cargos infundados, medidas cautelares desproporcionadas y solicitudes de alerta roja durante un arbitraje internacional, ya no hablamos de justicia, sino de una estrategia de poder”. Casos como los vinculados a Odebrecht, a la disputa por la Ruta del Sol o al arbitraje entre Omega Engineering y Panamá ilustran cómo la utilización de los canales de Interpol puede inclinar la balanza en disputas que deberían resolverse exclusivamente por vías legales y técnicas.

En la conferencia, los expertos también analizaron el caso de Venezuela, al que describieron como un ejemplo extremo de represión transnacional. Retomando lo expuesto en sus artículos, explicaron cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado notificaciones rojas (red notices) y órdenes de arresto para hostigar a líderes opositores —entre ellos Leopoldo López, Edmundo González y Juan Guaidó— e incluso a figuras políticas extranjeras como el presidente argentino Javier Milei. Estas prácticas, subrayaron, violan de forma directa el Artículo 3 de la Constitución de Interpol, que prohíbe cualquier intervención con motivación política.

Davies advirtió: “Cuando un régimen usa Interpol para perseguir a sus adversarios más allá de sus fronteras, la víctima no es solo la persona señalada: es el propio sistema internacional”. La consecuencia es doble: por un lado, opositores forzados al exilio viven bajo un riesgo constante de detención; por otro, se erosiona la confianza en los mecanismos de cooperación penal que dependen de la neutralidad técnica.

Los fundadores de IHRA insistieron en que Latinoamérica debe liderar el debate sobre el uso adecuado y los límites de Interpol. La región enfrenta un aumento considerable en la emisión de notificaciones rojas (red notices) y difusiones, mientras lidia simultáneamente con complejos casos de corrupción, delitos económicos transfronterizos y redes criminales que operan más allá de las jurisdicciones nacionales. La combinación entre institucionalidad vulnerable, tensiones políticas internas y disputas comerciales de alto perfil hace que la región sea especialmente sensible a los abusos.

Explicaron que conocer a fondo cómo funcionan las notificaciones rojas (red notices), cuáles son las vías para impugnarlas ante la Comisión de Control de Ficheros de Interpol (CCF) y qué estándares de debido proceso deben respetarse ya no es una especialidad esotérica, sino una necesidad profesional inmediata. La correcta comprensión del sistema puede evitar detenciones arbitrarias, impedir restricciones indebidas a la libertad de movimiento y resguardar la integridad de procesos penales y corporativos internacionales.

Para Davies, “el derecho penal internacional no es abstracto; opera en aeropuertos, fronteras y comisarías todos los días. Latinoamérica tiene el conocimiento acumulado y la urgencia histórica para liderar esta conversación”.

Durante el panel y los posteriores debates, Keith y Davies subrayaron la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión de las solicitudes de alerta roja; mejorar la transparencia de los procesos; asegurar umbrales probatorios más altos para la emisión de notificaciones; y promover una cultura jurídica regional orientada a impugnar alertas abusivas con eficacia y conocimiento técnico. Sin estas salvaguardas, advirtieron, los sistemas diseñados para combatir el crimen organizado pueden convertirse en herramientas de persecución política o de presión empresarial.