Inhabilitada por diez años la fiscal general de Perú suspendida en septiembre, Delia Espinoza
MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) - El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles inhabilitar por un período de diez años a la fiscal general suspendida el pasado septiembre, Delia Espinoza, quien ha denunciado un atentado al Estado de derecho.
La medida ha llegado en una segunda votación que ha recabado 71 apoyos, 19 votos en contra y tres abstenciones, al atribuirle presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, contra la fe pública y prevaricación.
La inhabilitación ha salido así adelante después de que en la primera de las votaciones cosechara 63 de los 68 votos que requiere de la cámara, por lo que dos diputados solicitaron una reconsideración aludiendo a un informe que la acusa de no acatar la Ley 32130, que devuelve a la Policía la facultad de conducir investigaciones preliminares.
La magistrada, que ha comparecido ante el pleno antes de la votación, ha denunciado que los diputados "han pisoteado el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria" y los ha acusado de "manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha".
Espinoza ha tachado además la medida de "arbitraria", alegando que responde a las denuncias que ella misma ha presentado contra al menos una decena de parlamentarios que han votado a favor.
"Ha quedado demostrado que no hay ningún hecho relevante, ha quedado públicamente demostrado que hay una arbitrariedad (...). Choqué con un poder oscuro que no me quiere, me refiero no al pleno sino a los señores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente", ha declarado.
Además, en un discurso recogido por el diario 'La República', ha defendido que llegó al cargo "sin deberle nada a nadie" y que no se ha sometido a presiones externas durante su paso por la Fiscalía, lugar al que "tarde o temprano voy a retornar", ha asegurado.
Espinoza ha estado sumida en un proceso disciplinario marcado, entre otros, por el expediente abierto a mediados de septiembre por la Junta Nacional de Justicia, al considerar que cometió faltas muy graves y que violó la legislación por no ejecutar la resolución que restituía como titular de la Fiscalía a su predecesora, Patricia Benavides, apartada del cargo por corrupción y señalada por tráfico de influencias. La magistrada afirmó entonces que el proceso está "plagado de ilegalidades".
