Sr. Director,
La derogación del artículo 114 del DFL N°1, que exigía el uso de TAG habilitado, reactiva la discusión sobre concesiones urbanas y el papel de los Juzgados de Policía Local. Estas infracciones han sobrecargado por años a tribunales pensados para temas viales, no para gestionar cobros electrónicos privados.
Las fallas operativas del TAG, el aumento de tarifas y episodios como los de AVO I muestran que las deficiencias de infraestructura recaen injustamente en los usuarios y terminan sobrecargando a los juzgados con causas repetitivas y de baja complejidad. Ello desvía recursos y debilita su función esencial.
Trasladar estas controversias a un ámbito administrativo especializado permitiría aliviar la carga judicial y avanzar hacia una justicia local más eficiente. Sin embargo, reclasificar la infracción como menos grave y radicar su conocimiento en el juez competente del domicilio del usuario puede generar un nuevo colapso si no se diseña un sistema realmente simplificado y tecnologizado.
Fortalecer la justicia local exige reformas que prioricen transparencia, proporcionalidad y un modelo de concesiones ajustado a los usuarios y no a su judicialización permanente.
Andrés Celedón,
Académico U. Autónoma de Chile