Cuenta Pública y Mercado Laboral.
En la Cuenta Pública del pasado 1 de junio, el Presidente Boric insistió en reforzar la agenda laboral como una de las prioridades del último año de su Administración. Entre los anuncios más destacados se encuentra el impulso a la postergada sala cuna universal y la reiteración de su promesa de campaña por introducir en Chile la negociación ramal. Sin embargo, al revisar en detalle el estado actual del mercado laboral, surgen serias dudas respecto a si estas iniciativas abordan de forma eficaz —o siquiera realista— los desafíos que enfrenta actualmente el empleo en nuestro país.
La situación actual es alarmante, por más que el Presidente no quiera reconocerlo. El desempleo ha alcanzado un 8,8%, la cifra más alta en 14 años, mientras que la informalidad laboral afecta al 25,8% de los trabajadores, todos datos proporcionados por el INE. Más de 2,4 millones de personas en el país trabajan sin contrato, sin seguridad social y sin acceso efectivo a derechos laborales. Este no es un problema coyuntural ni una “herencia” fácilmente atribuible a terceros: es una emergencia estructural que se ha profundizado en los últimos años. Frente a este panorama, resulta difícil sostener que las medidas anunciadas estén a la altura del momento.
La Cámara de Comercio de Santiago, en una evaluación posterior a la Cuenta Pública, fue clara: urge avanzar en una agenda laboral que fortalezca el empleo formal, promueva una estrategia de desarrollo productivo y eleve el crecimiento potencial del país. En otras palabras, una agenda laboral realista debe generar trabajo antes que redistribuirlo, y facilitar la contratación antes que imponer nuevas obligaciones legales a quienes aún logran sostener empleos en el sector formal, cuyos costos han aumentado producto de las reformas que el Gobierno ha presentado en esta Administración.
El problema es que muchas de las iniciativas legales promovidas por el Ejecutivo —aunque bien intencionadas— han apuntado justamente en la dirección contraria. Chile pronto va ser el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica y la progresiva implementación de la Ley de 40 Horas y de la reforma previsional así como del Decreto Supremo 44, han generado y van a seguir implicando un sostenido aumento de los costos laborales para los empleadores, golpeando con particular dureza a las pequeñas y medianas empresas. Como advertimos en columnas anteriores, este ciclo de reformas ha incrementado el costo del trabajo sin acompañarse de medidas equivalentes para fomentar productividad o aliviar cargas estructurales.
Las PYMES, que representan más del 65% del empleo formal, se han visto forzadas a ajustar personal, frenar contrataciones o derechamente aceptar a regañadientes -dada las altas contingencias que importa esta situación en caso de los cada vez más frecuentes litigios laborales- la informalidad de las relaciones laborales como medida de subsistencia. Es decir, frente a un contexto económico debilitado, el Estado ha legislado como si el empleo fuera una variable en aumento, cuando en realidad es hoy un bien escaso y frágil.
En ese sentido, no basta con anunciar nuevos subsidios estatales o expandir la cobertura de derechos si las condiciones básicas para contratar siguen deteriorándose. Hablar de sala cuna universal -una medida necesaria y pendiente en anteriores Gobiernos - sin definir ver cómo se financiará o cómo evitará ser una nueva carga adicional para empleadores, es una promesa que puede terminar convertida en letra muerta. Del mismo modo, insistir en mecanismos de negociación colectiva ramal sin antes reducir la informalidad y fortalecer el empleo asalariado estable, es una discusión que pone la carreta delante de los bueyes como decía mi padre.
Chile necesita, con urgencia, una política laboral basada en diagnóstico y datos, no en slogans. Necesitamos una estrategia coherente de recuperación del empleo formal, que combine incentivos a la contratación, reducción de la burocracia y estabilidad regulatoria. Sin eso, cada anuncio seguirá teniendo un efecto limitado o incluso contraproducente.
El mercado laboral está en crisis, aunque el discurso político de nuestro Gobierno insista en lo contrario. Y frente a esa crisis, el desafío no es técnico sino político: se requiere voluntad para reconocer los errores del camino reciente, escuchar al mundo productivo y construir reformas que promuevan empleo real y no simplemente buenas intenciones.
Ruben Soto
Socio AEM Abogados
