La Ley de Parcelaciones: Un Golpe al Patrimonio Rural

El proyecto de Ley de Parcelaciones, recién ingresado al Congreso, ha causado una profunda inquietud en el sector agrícola, anticipando un cambio drástico en la forma en que entendemos y gestionamos la propiedad rural en Chile. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, no aparece en el vacío. Se suma a las recientes medidas de reavalúo de terrenos agrícolas dictadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que configura una tormenta perfecta para la estabilidad económica de un sector que ya enfrenta múltiples desafíos.

La nueva normativa propuesta establece que un 70% de cada predio parcelado deberá destinarse exclusivamente a fines agrícolas o a la conservación ambiental, dejando solo el 30% para posibles usos habitacionales. Si bien la medida parece estar diseñada con la intención de preservar el uso productivo y ambiental de los suelos, el impacto sobre los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, es motivo de seria preocupación.

El sector agrícola, que ya se encuentra en constante lucha por mantenerse competitivo en un entorno económico volátil, ahora se enfrenta a una nueva restricción que limita su capacidad de adaptación a las demandas del mercado. Las reglas impuestas sobre el uso del suelo condicionan la viabilidad de muchas actividades rurales y podrían, de manera involuntaria, minar el potencial productivo y financiero de miles de agricultores.

Impacto en el valor del suelo agrícola

Es importante recordar que el valor de la tierra agrícola no se limita a su rendimiento actual. Al igual que cualquier activo, la tierra tiene un valor intrínseco, pero también un valor potencial. Las tasaciones agrícolas consideran una amplia gama de factores, como la calidad del suelo, el acceso a fuentes hídricas, la tecnología implementada y las infraestructuras disponibles. Al imponer restricciones rígidas al uso de la tierra, el riesgo de devaluación de los activos rurales se incrementa, afectando directamente el patrimonio de los propietarios.

El reciente reavalúo de terrenos agrícolas ya ha encendido las alarmas en el sector, con muchos agricultores anticipando un aumento en sus contribuciones fiscales que podría hacer insostenible la gestión de sus predios. Las nuevas contribuciones resultantes de dicho reavalúo han comenzado a asfixiar a pequeños productores, que ven cómo sus gastos aumentan en un contexto donde los márgenes de rentabilidad ya son limitados.

A esto se suma la Ley de Parcelaciones, que introduce una capa adicional de incertidumbre. Limitar el uso de la tierra, en un país donde la agricultura es una columna vertebral de la economía, no solo afecta a los propietarios actuales, sino que también influye en las decisiones de inversión a futuro. Con restricciones de esta naturaleza, el mercado inmobiliario rural se verá afectado, limitando las oportunidades de nuevos desarrollos o innovaciones que permitan a los agricultores mantenerse competitivos y sostenibles.

Fragmentación y uso ineficiente de la tierra

Uno de los mayores riesgos que plantea esta propuesta legislativa es la posibilidad de que fomente una fragmentación artificial del paisaje rural. En lugar de generar un uso más eficiente de los recursos, la imposición de estas normas podría forzar a los propietarios a buscar alternativas que no necesariamente sean sostenibles a largo plazo, como la venta o subdivisión de sus predios en condiciones que podrían no ser las más óptimas desde el punto de vista productivo o ambiental.

Al establecer un límite tan estricto en la destinación del suelo, se podría generar un uso menos eficiente de la tierra. Esto es especialmente preocupante en un momento en el que la agricultura enfrenta desafíos importantes, como el cambio climático y la escasez de agua, y necesita de mayor flexibilidad para implementar prácticas innovadoras y resilientes.

La necesidad de un enfoque más integral.

La agricultura en Chile no es solo una actividad económica, sino una parte esencial de la identidad nacional y la base de la seguridad alimentaria del país. Las políticas que buscan regular este sector deben ser diseñadas con un enfoque que promueva el desarrollo sostenible, pero que también permita a los agricultores adaptarse a las realidades cambiantes del mercado y la economía global.

Por lo tanto, resulta imperativo que cualquier ley que afecte el uso de los suelos rurales esté acompañada de una metodología más flexible y adaptativa, que entienda la diversidad del campo chileno y que permita un equilibrio entre la preservación del patrimonio rural y el fomento de su rentabilidad y competitividad. Proyectos de ley como el de Parcelaciones, si bien tienen una intención loable de protección, deben ser revisados para evitar que terminen perjudicando al mismo sector que pretenden ayudar.

Juan Enrique González

Socio de Valor Raíz