OO.PP. y Vivienda: Una ejecución 2023 y un Presupuesto 2024 poco expansivo

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AMERICO IBARRA (1)

La teoría económica da luces ciertas de la relación entre gasto e inversión pública y su impacto sobre el crecimiento económico. El aumento del gasto e inversión pública tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas en particular cuando se asegura y mejora la rentabilidad de las inversiones del sector privado. La transmisión hacia el crecimiento económico es posible cuando se aumenta el capital (físico) del sector público, y éste puede considerarse como insumo de producción para el sector privado. Lo es también cuando permite disminuir los costos de las empresas privadas.


Por otro lado, parece natural sostener que la forma en que el gasto del gobierno central ejecuta institucionalmente el presupuesto reflejaría los énfasis y prioridades del Ejecutivo. En tal contexto, las cifras oficiales extraídas de “Presupuesto Abierto”, permiten reconocer que en el último quinquenio los destinos de gastos se han concentrado en una mirada institucional, preferentemente en los Ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social e Interior y Seguridad Pública (cerca del 70% del gasto ejecutado lo absorben éstos sectores). En tanto, Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo sumados se encuentran entre un 9%y 11%.


En una mirada institucional los datos demuestran que durante el ejercicio 2022 los gastos del Gobierno Central alcanzaron a MM$59.921.269, De ellos el 23,03% se destinaron a Salud, 22,38% a Trabajo y Previsión Social; 20,19% a Educación; 6,54% a Interior y Seguridad Pública y sólo un 5,8% a Obras Públicas y 5,07% a Vivienda y Urbanismo y aun cuando las cifras 2023 no están cerradas a Diciembre del presente año y sólo consideran 11 meses de ejecución, la participación sectorial en el gasto del gobierno central dan cuenta que los prioridades gubernamentales han seguido estando en aspectos sociales tales como Trabajo y Previsión Social (23,08%); Salud (22,69%) y Educación (20,93%); Obras Públicas (4,86%) y Vivienda (4,7%). Aun incorporando la ejecución del último mes (diciembre), la participación porcentual no cambiará significativamente. Estas distribuciones consideran recursos presupuestarios destinados a financiar los gastos operacionales y prestaciones de seguridad social (recursos humanos y operación) de cada institución.


En este marco presupuestario para el sector construcción (donde participan tanto Obras Públicas como Vivienda, preferentemente) el análisis histórico permite deducir que los años 2022 y 2023 el gasto del estado vinculado al sector construcción no supera el 3,99% del presupuesto del periodo (3,77% el año 2022 y 3,91% a noviembre del 2023), nivel que es inferior al 5% de presupuesto ejecutado durante el año 2021, momento en que se iniciaba un camino de salida post pandemia.


Por otro lado, el mercado de la construcción que desempeña un papel significativo en la economía generó ventas por 1.191 MM UF el año 2022 (según registros del SII), estimándose una contribución cercana al 7% del PIB y en una cifra cercana al 8% de la fuerza de trabajo, donde sólo una proporción de estos ingresos resultan a consecuencia de contratos con el Estado. A modo de dato referencial, al segundo trimestre del 2023, la inversión pública vinculada a vivienda fue capaz de generar cerca de 193 mil empleos.


Dicho lo anterior, para sostener una agenda pro crecimiento e intentar retomar tasas de crecimiento de la actividad productiva superiores el 3% se requiere aumentar la participación del gasto e inversión pública en los sectores de Obras públicas y Vivienda mejorando su participación del gato público por sobre el 12%, cifra que superaría en 2,44 pp el gasto del año 2023. Lamentablemente no llegaremos a este nivel de gasto sectorial durante este ejercicio 2024 lo que es una mala noticia para el sector inmobiliario y de construcción.


Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile

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