Sobre las empresas del gremio constructivo y quiebras en Chile
Hace al menos dos años que la situación económica en Chile es compleja para las empresas, especialmente para las del gremio de la construcción.
Al respecto, en noviembre de 2022, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, tras estudiar datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, concluyó que entre enero de 2021 y junio de 2022, 244 constructoras y relacionadas cayeron en quiebra. El análisis es alarmante y solo considera hasta el primer semestre de 2022. Para poner en perspectiva, comparando solo el primer semestre de 2021 con el primer semestre de 2022, el número de empresas declaradas en quiebra del sector de la construcción aumentó, respectivamente, de 58 a 110, es decir, prácticamente en un 100%.
Desde esa fecha hasta el día de hoy se hace común ver cada vez más noticias de empresas constructoras o relacionadas que piden su liquidación voluntaria, o de acreedores de estas que piden su liquidación forzosa. Entre enero y mediados de marzo de 2023, empresas constructoras como Constructora M3 S.A., Proyekta, Las Magdalenas, e Ingeniería y Construcción Olivares y Utjes SpA se han visto involucradas en procedimientos concursales por no poder hacer frente a la adversidad económica.
Las causas de esta manifiesta catástrofe para el gremio de la construcción son variadas. Si hubiera que puntualizar un factor que ha sido considerable y que ha generado consecuencias como una bola de nieve, es la pandemia de Covid-19, que puede no ser tan letal para las personas al día de hoy, pero que sus efectos se han prolongado y han afectado enormemente a la industria. La inflación, el aumento de los costos de materiales de construcción, la falta de inversión frente a este enorme riesgo, la caída de la demanda de viviendas por la subida de las hipotecas, son algunos factores que se pueden asociar a la pandemia. Tampoco ayudó en Chile el estallido social de octubre de 2019, que afectó fuertemente a la inversión.
¿Qué caminos siguen entonces las empresas ligadas a la construcción frente a su insolvencia? Lo que más hemos visto son solicitudes de liquidación, voluntarias o forzosas. Sin embargo, la reorganización judicial es una herramienta legal que permite a las empresas en dificultades financieras reestructurarse y reorganizarse para continuar operando de manera rentable a largo plazo, manteniendo la fuente de empleo y pagando sus deudas en un plazo adecuado. No es sencillo, menos con las condiciones actuales, pero ha resultado. Por nombrar algún ejemplo, Constructora SAE limitada comenzó un proceso de reorganización judicial en octubre de 2020 y en diciembre del mismo año, sus acreedores aprobaron la propuesta planteada por dicha empresa deudora, reorganizándose así su pasivo. Lo mismo ocurrió con Constructora, Inmobiliaria e Inversiones Centro Sur Limitada, que pidió su reorganización en agosto de 2022 y en octubre del mismo año sus acreedores aprobaron la propuesta de reorganización. Otro caso en desarrollo es el de Constructora Ruken-Tec, que inició el proceso de reorganización en enero de este año y cuya junta de acreedores tendrá lugar en abril. Sin perjuicio de ello, otros lo han intentado, sin éxito, como Constructora e Inmobiliaria Messina SpA, Empresa Constructora Beltec Limitada o Constructora e Inmobiliaria Santa Fe S.A., que, aunque iniciaron un proceso de reorganización terminaron finalmente cayendo en liquidación, ya fuera porque sus propuestas no convencieron a sus acreedores o porque no fueron capaces de presentar una propuesta de reorganización.
Otras empresas constructoras han intentado hacer frente a su insolvencia acudiendo directamente a sus acreedores, particularmente renegociando con sus mandantes en contratos que se encuentran en ejecución. Ocurre que muchas de las ofertas realizadas para adjudicarse un contrato fueron realizadas antes de que la pandemia o sus efectos más gravosos fueran de la magnitud que conocemos. Eso ha llevado a diversos actores a acercarse a sus mandantes para hacer frente a la situación, muchas veces llevando las pretensiones a tribunales arbitrales u ordinarios. Esto último es una apuesta arriesgada porque la empresa constructora deberá acreditar fehacientemente su diligencia frente a la fuerza mayor que ha supuesto esta pandemia. Se revisará detalladamente cada partida relacionada con el Covid-19, pero si no se es capaz de sustentar el relato de afectación y la reacción frente a ella, no se tendrá mayor éxito.
Ante todo e independiente de los casos particulares, como país debemos entender que el rol esencial que cumple la construcción en la economía. Esta genera empleo y aporta al crecimiento del país. Por lo tanto, es necesario que entre los diversos actores involucrados se enfrente esta situación con buena fe y altura de miras. Las constructoras de forma responsable deben analizar flujos, gastos, personal y otros, y los acreedores deben ser razonables para permitir al menos intentar acordar una solución ya sea judicial o extrajudicial que permita un orden y una reorganización adecuada de la empresa, antes que ponerle la lápida con una liquidación.
Andrés Del Real V.
Director del área de Solución de Controversias y Arbitrajes, Arteaga Gorziglia
