Reformismo previsional

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Javier Fuenzalida

Como todo gobierno nuevo, se anuncia una reforma previsional, sin detalle alguno, ni siquiera una somera idea de lo que se quiere cambiar, mejorar o empeorar.

¿Qué se proponer?

¿Volver al sistema de reparto, ineficiente, discriminador y corrupto?

¿Mezclar reparto con capitalización individual?

El programa de Boric no dice nada del qué y cómo, suena como un caza votos.

Las encuestas mayoritariamente revelan que debe mantenerse el sistema, actualizarlo y corregir algunas disposiciones, pero no cambiarlo substancialmente.

Cuando se dictó en 1981 el DFL 3.500, la reforma fue concebida para una población, cuya esperanza de vida era de 69 años, hoy está llegando a los 80 años. De ahí una parte del desajuste que requiere un aumento de la tasa del 10 %.

La edad a la que la mayoría de la población se jubila continúa siendo entre 60 y 65 años, por lo tanto, un sistema de pensiones que permitiera gozar de una jubilación del, orden del 80 % de la última remuneración haría posible una vida tranquila para los últimos años de vida de la persona. Con estos parámetros era posible determinar la tasa de cotización mensual para una persona que ingresaba al mundo laboral a los 18 años, terminada su educación media y permanecer durante 45 años con lo que podría retirarse a los 63 y gozar de una buena o pensión por los próximos 7 años.

Con esos parámetros se determinó una tasa de cotización de 10 %, algo muy superior a las normas generales sobre el sistema de reparto que existía y que legaba hasta cerca del 45 % (incluyendo salud).

Más de 600 normas legales habían creado odiosos privilegios para un reducido número de ciudadanos, políticos, altos funcionario públicos y municipales, miembros de las FFAA y, poder judicial, mientras que, sin corrección monetaria había personas que recibían un cheque por $1,00 según foto publicada por El Mercurio de ese entonces.

El DFL 3.500 derogó esta abundante legislación discriminatoria e inmoral, creando un sistema único de capitalización individual, inembargable tal que permitiera al cotizante generar al término de su vida laboral una pensión que se estimaba del orden del 80 % de su última renta (tasa de reemplazo) y para quienes perciben bajos ingresos, una pensión básica.

Considerando el desastre e ineficiencia de las antiguas cajas de previsión, se crearon las AFP cuyo único objeto fue administrar las inversiones de los cotizantes, sujetas a claras normas de administración de su gestión a fin de garantizar la estabilidad financiera e inversiones de acuerdo a los instrumentos autorizados por el Banco Central. De esta manera, se aseguró el funcionamiento del sistema, sin tener que el estado jugara a ser inversionistas que tan mala experiencia había tenido con el sistema antiguo, un sistema discriminatorio y con una pésima administración financiera.

Existen la actualidad 11.484.198 afiliados y 6.658.5358 cotizantes (incluyendo 17.683 pensionados del antiguo sistema de reparto). El monto de las pensiones mensuales va desde $ 181.039 (casi igual que la pensión garantizada universal) hacia arriba, dependiendo del capital acumulado en cuenta individual.

El sistema tiene actualmente un capital de US $ 25.904 millones en inversiones entre instrumentos de inversión nacionales y extranjeros. La rentabilidad promedio, en términos, reales, ha sido del orden del 10 al 14 %, tasa alta comparada con la rentabilidad promedio de otros instrumentos de renta fija nacionales y extranjeros.

Esta es una alta rentabilidad considerando lo que reditúan otros instrumentos de renta fija, libres de riesgos, tanto en el mercado de capitales nacional como extranjero, dada la tuición del Banco Central sobre las decisiones de inversión de las AFP.

Aún subsiste el antiguo sistema de reparto debido a que al crearse el sistema de capitalización individual había personas cuya edad no le habría permitido obtener una capitalización que le generase una renta superior a la que obtendrían de permanecer en el sistema existente. Hay 17.683 personas pensionada.

Los críticos del sistema señalan que una pensión que va desde un mínimo $ 185.00 y que en promedio es de $ 400.000, no alcanza para mantener un mínimo aceptable de nivel de vida, aun cuando no se critica el valor similar de la pensión mínima garantizada.

El sistema de reparto tampoco lo logra. Si las rentas del capital acumuladas se distribuyeran por partes iguales entre los pensionados porque quienes se pensionan entre los 60 y 65 años y con una esperanza de vida que está llegando a los 70 años, no podrán gozar de una pensión que les permita mantener su nivel de vida sin reducirlo significativamente.

La solución no es volver al sistema de reparto, sino que, en primer lugar, debe elevarse la tasa de cotización acorde con el aumento de la esperanza de vida, esto es a algo entre 12 a 15 % de la remuneración. En el caso que, por diversas razones atendibles, no todas las personas tienen una vida laboral continua de 47 años, o que tienen lagunas previsionales (diversos períodos de tiempo sin cotizaciones por desocupación, salud u otras razones), pueden recurrir a subsidios del estado, de modo que puedan usufructuar de una pensión mínima.

¿Cuánto es el mínimo?

Acaba de promulgarse la ley que establece un salario mínimo de $ 400.000 mensuales. Ese debiera ser el mínimo, lo que representa casi duplicar la PMG actual de $ 185.000. No hay ninguna razón para pensar que una persona que gana el salario mínimo se pensione con una renta casi de la mitad. Lo anterior significa que el gasto social en pensiones aumentaría en 30 %. ¿Viable? Si, considerando que el fisco bota a la basura cuantiosos recursos financieros.


Javier Fuenzalida A.

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