​Preocupa que la gratuidad esté generando una brecha en los ingresos de las instituciones que la sustentan

La Gratuidad de la educación superior, constituyó un gran avance en el derecho a la educación de las y los jóvenes del país. En el Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior, OPPES-USACH, en Minuta 16, se revisan los pagos fiscales por gratuidad del Estado a las instituciones adscritas, por los estudiantes con este beneficio, https://fae.usach.cl/fae/index.php?option=com_content&view=article&id=279.

A la fecha, la gratuidad aún atiende un bajo porcentaje de los estudiantes de educación superior del país, comparado con la pretensión de hacer que la gratuidad sea universal en el sector. Se inicia en 2016, beneficiando a 139.322 estudiantes de ES (únicamente universitarios), un 11,82% del total de estudiantes matriculados. En 2018 fueron 341.084 los estudiantes beneficiados con gratuidad (27,02% del total de estudiantes en ES). En 2020 los beneficiados son 395.171, de una matrícula total de 1.221.017 alumnos en educación superior, subiendo a 32,36%. Además, la mayor parte de sus beneficiados están en las universidades del CRUCH (47,41%, en 2018). Las pocas universidades privadas adscritas (6 de 33 en 2018) tienen, sin embargo, una mayor proporción de su matrícula con gratuidad (51,4% ese año). Los IP y CFT, siguen en proceso de ajuste, aumentando el número de sus alumnos en gratuidad.

En este estudio se reconoce la existencia de un problema relevante para el sistema de gratuidad en ES, al establecer que la actual forma de pago de este beneficio genera una brecha negativa entre los pagos fiscales por gratuidad que hace el Estado y el valor de los aranceles reales que cobran las instituciones adscritas al sistema. Las pocas universidades privadas adscritas, son las más afectadas en su presupuesto por este nuevo sistema de ayudas estudiantiles estatales, con un impacto de -11,23% en 2018, mientras que las universidades CRUCH, son afectadas, pero sólo en -2,85%, situación que igual afecta a los presupuestos de estas universidades y que podría mantener pendiente la adscripción de instituciones privadas a la Gratuidad.

Comparando las brechas promedio por alumno para cada factor que la determina (arancel y matrícula en gratuidad) con las respectivas medianas de las IES adscritas, se establece que los altos aranceles son los que explican la brecha por gratuidad, ello ocurre en 5 de las 6 instituciones con mayor brecha y solo en una de ellas, el factor relevante es el número de alumnos con gratuidad.

Luego, el que los altos aranceles reales que cobran las carreras que cursan esos estudiantes, sean el principal factor que explica la brecha por gratuidad, muy por sobre la matrícula beneficiada, es un hecho que también puede estar asociado a la decisión de las instituciones privadas de educación superior de mantenerse fuera del sistema de gratuidad. Especialmente, si se reconoce que el arancel real que cobran las instituciones de educación superior es básicamente un precio de mercado, desregulado, en particular, en el caso de las privadas. Así, pueden tener valores tan altos como lo permita la capacidad de captura del mercado que tenga la institución, independientemente de los costos de producción y/o de la calidad académica de los programas de pregrado que ofrezca.

La gratuidad en educación superior debiera ir de la mano con la calidad de las carreras de pregrado que financia, pero ello no ocurre, pese a que el diseño del pago fiscal por gratuidad sugiere tal relación, al calcular inicialmente los aranceles regulados sobre la base de los años de acreditación institucional que poseen las instituciones, suponiendo implícitamente que, a más años de acreditación, más calidad de la institución y más calidad de la educación provista por ella. Para comprobar, se calcula una brecha especial de gratuidad para todas las IES adscritas, asumiendo que todas ellas reciben el monto de la universidad con el pago fiscal más alto. La brecha especial así calculada, debiera dejar solo con brecha positiva a las universidades de más calidad (con más años de acreditación institucional). Para el cálculo se toma a la PUC, universidad que en dos de los tres años en análisis recibe el aporte fiscal por gratuidad por alumno más alto entre las universidades chilenas y que, además, tiene 7 años de acreditación institucional, máximo a nivel nacional. Los datos indican que entre las cuatro primeras de este ranking de brecha especial existen al menos dos universidades privadas con diferencia positiva y tienen menos años de acreditación institucional que la universidad base (4 y 5 años, respectivamente), indicando ello que reciben pagos fiscales por gratuidad más altos o similares que las que tienen mayor calidad, definida ésta en términos de años de acreditación institucional.

En la actualidad, se puede afirmar que los pagos fiscales por gratuidad, descontados los valores de matrícula se constituyen, de hecho, en el valor del arancel real estatal por gratuidad (monto de arancel regulado más el “valor adicional”), magnitud que sin duda es clave para la fijación de nuevos aranceles regulados. Los datos indican que el Estado, en general, paga aranceles reales por gratuidad más bajo que los aranceles reales que cobran las IES, lo que tiende a generar brechas negativas de ingresos por aranceles de pregrado en las instituciones adscritas a este beneficio.

Víctor Salas Opazo,

Observatorio OPPES-USACH

Departamento de Economía

Universidad de Santiago de Chile