​¿Se puede enfrentar la informalidad en pandemia?

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Me cuesta pensar que el gobierno y el Congreso no estén conscientes de los graves daños que la informalidad produce en la economía, las arcas fiscales, la previsión de los trabajadores y a la salud de las personas. Los daños a la recaudación fiscal están a la vista, ya que los informales no pagan ni IVA, ni PPM, ni impuesto a la renta, ni patentes municipales, ni recolección de basura, por mencionar algunas evasiones.

A ese “ahorro” de los informales se le agrega el menor costo de un 20% aproximado que tienen las empresas informales en remuneraciones y leyes sociales al no pagar ni previsión social ni sistemas de salud.

Esto pone en una posición privilegiada a los informales por sobre a los negocios que si pagan tributos. Esa “competencia desleal” hace que los proveedores informales puedan “competir en precio” con los proveedores formales, y dejarlos fuera de mercado y que a los formales “les convenga ”informalizar” parte o todo su proceso productivo. No tomar medidas hace que la informalidad vaya en franco aumento, lacra que varios países de Asia y América Latina han demorado décadas en reducir. Chile era un país bastante más formal que la media, pero en parte gracias a la pandemia estamos perdiendo esa ventaja competitiva.

Por otra parte, los trabajadores informales de las empresas informales no tienen ni previsión ni están acogidos a sistema de salud alguno, por ende, cuando llegan a la edad de jubilación tendrán derecho a la Pensión Básica Solidaria y durante toda su vida, ellos y sus familiares deben ser atendidos por la salud pública gratuita, ya que no tienen ni ISAPRE ni FONASA. O sea, la informalidad no solo significa evasión y menor recaudación al erario nacional, sino también que el Estado tendrá que hacerse cargo de por vida de la salud de personas que no han hecho aportes a las finanzas públicas, y de su pensión cuando les llega el momento de jubilar.

Otro aspecto a considerar, por ejemplo, en el rubro alimentación-gastronómico, es que las empresas al actuar sin ninguna supervisión ponen en riesgo la salud y la vida de los consumidores, al romperse en varias instancias la cadena de frio, el tratamiento de recipientes sin agua potable y/o sin adecuadas medidas de higiene, la ausencia de elementos técnicos y fases del proceso productivo, patentes y permisos que si se le exigen a los formales, etc. Riesgos sobre la salud y la vida que normalmente desconoce el cliente de la gastronomía informal.

Esta situación ya desventajosa para las empresas formales, versus las informales, se ha agravado con la pandemia. Las actuales normas sanitarias no permiten a la autoridad de Salud fiscalizar los proveedores de alimentos informales. En distintos barrios de Santiago y el resto del país se puede observar a vendedores informales de alimentos que no respetan ninguna de las normas que se le exigen a los restaurantes formalmente establecidos: aglomeración de gente sin ninguna distancia social, no toman la temperatura, no tienen alcohol gel, no tienen piediluvio, no usan máscaras ni se las exigen a sus clientes, atienden a más de 4 personas en una mesa en fase 2 y más de 6 en fase 3, la lista de “incumplimientos” en relación a los proveedores formales puede ser kilométrica. La pregunta obvia es ¿Por qué la autoridad política y sanitaria no toma medidas de control al comercio gastronómico informal? Es cierto que el comercio informal está muy disperso y tiene gran movilidad, lo que lo hace menos controlable. Pero ¿Qué sentido tiene, desde el punto de vista de los resultados de la política pública, controlar estrictamente a los restaurantes y dejar que los vendedores ambulantes de alimentos sigan esparciendo el COVID a plena luz del día y sin ningún protocolo sanitario ni de distanciamiento social? Las personas que consumen en dichos lugares no viven aisladas, interactúan con el resto de la sociedad en los centros médicos, las escuelas, los supermercados, el transporte, etc.

Creo que no es cierto que la autoridad no disponga de instrumentos. El Estado de Excepción por Catástrofe vigente le permite al Gobierno y las FFAA designadas para respetarlo el tomar “todas las acciones pertinentes ara preservar la salud de la población.

¿No es absurdo que una comuna en Fase 2 una familia de 5 personas deba comer en dos mesas separadas, pero que una familia de 10 personas puede comerse un completo en un quiosco informal sin ninguna medida de distanciamiento social ni protocolos de salud?

Por otra parte, es entendible que ante el aumento del desempleo provocado por la medidas ara controlar el COVID algunas personas, para sobrevivir, estén realizando actividades económicas informales e ilegales. ¿No debiera el Estado al menos enrolarlas, y apoyarlas en su formalización para evitar todos los males mencionados? ¿No se les podría eximir de impuestos y tributos durante la pandemia en la medida que declaren su actividad y las de sus trabajadores y darle seis meses para formalizarse o cerrar sus empresas? EL primer paso para combatir la informalidad es saber quienes son, cuantos son y en que actividades económicas están los informales. No nos podemos olvidar, además, que crecientemente algunas actividades económicas informales amparan y son amparadas por la delincuencia y el microtráfico de estupefacientes.



Mario Astorga De Valenzuela