El Culpable eres tú … Política
La política, una vez más, es sorda y ciega pero no muda. La ciudadanía ha debido adoptar otras formas para hacerse oír como son las tomas, huelgas estudiantiles, las redes sociales, respondiendo encuestas y acudiendo a las movilizaciones masivas. Desgraciadamente, la sordera y ceguera de los políticos los limita a pronunciar discurso retóricos y vacíos, sin fines prácticos avivando aún más la disconformidad ciudadana.
Cientos de miles de personas, 1.2 millones, participaron en forma pacíficas el 25 octubre 2019 (fecha ya olvidada). La ultraizquierda, el terrorismo, los antisistémicos y antisociales se han apoderado de las calles y las han convertido una asonada de vandalismo, destrucción y daños a toda la sociedad civil.
Los políticos, aliados con la prensa, acusan de violentos a los Carabineros cuando deben restablecer el orden. Su dotación es del orden de 60.000 plazas. Los casos de abuso denunciados no llegan al 0.005 %. Los verdaderos violentistas son otros. Sin embargo, para el INDH los carabineros son robots. No son humanos que sean víctimas de los ataques de que son objeto. No los denuncian, a pesar de los cerca de 4.000 heridos en el desempeño de su labor. El informe anual del INDH ni siquiera los mencionan. Los políticos, hipócritamente rasgan vestiduras y dirigen sus dardos hacia la fuerza policial.
Chile no era así. Los sucesos como los de abril de 1957 no correspondieron a una sucesión de protestas. Si se examina los últimos 30 años, cuando se volvió a la democracia, los movimientos más masivos se iniciaron en el 2001 con el “mochilazo”, una protesta escolar pacífica contra un aumento de las tarifas de transporte público. La revolución pingüina del 2006 fue bastante tranquila. Con el tiempo las marchas y tomas comenzaron a repetirse. En el 2011 y 2012 contra la desigualdad económica y otra convocada por la Confech y Corpade protestando por la mala calidad de la educación. Aparecen los vándalos y los encapuchados. De ahí en adelante, la violencia es una constante. En 2016 se convocó una para conmemorar los 10 años de la marcha de los pingüinos, pero ya había aparecido la violencia el contraste fue la forma pacífica de la primera del 2006. Al año siguiente irrumpe una con motivo del internacional de la mujer, pero sin pacifismo y que se repite en 2018 en la marcha proaborto.
Simultáneamente, todos los meses marzo se “celebra” en varias comunas el día del joven combatiente, una apología a la violencia al igual que en la marcha no+ afp y la del fatídico 18 octubre del año pasado.
La única excepción reciente ha sido la protesta pacífica del 25 de ese mismo mes, ignorada por los políticos por ser “civilizada”. El pacifismo no les genera votos, en cambio la del dia 18 se cita casi a diario porque creen que les genera dividendos políticos.
Ante estos hechos, el estado se ha visto obligado en restituir el orden mediante el uso de la fuerza policial. Es el único organismo que legalmente tiene la facultad de aplicar la fuerza cuando un segmento de la sociedad civil renuncia a diálogo.
Es importante la cronología de marchas y protestas. La virulencia cada vez mayor ha significado cada vez más difícil la misión de Carabineros y por ello cada vez más criticados como si fueran los provocadores. Resulta incomprensible e inaceptable que políticos y los medios de comunicaciones han avivado el fuego minando la confianza en la policía en lugar de destacar su acción en el restablecimiento el orden.
Si se releen las encuestas periódicas de opinión desde el 2000 al presente (Adimark, UC bicentenario, Cadem y otras) se comprueba el deterioro tal imagen. En la de Adimark del 2002, un 41 % manifestaba tenerles confianza. Apreciación que fué creciendo llegando al 65 % en 2009 y 57 % en 2016. De ahí al presente ha ido cayendo hasta el ahora (17 % CEP y 26 % Cadem). Pero el periodismo subjetivo les ha pasado la cuenta. Su credibilidad del 42% a 54 % hace 10 años hoy en 2020 es de un mísero 8% a 11 %. El desprestigio, cual pandemia, finalmente ha afectado a sus causantes, la politica en general (presidencia, congreso, partidos) y a la justicia que ha transformado la presunción de inocencia en un axioma.
La conclusión es que el nivel de agresividad alcanzado, en particular en los niveles socioeconómicos bajo, ha obligados al estado a utilizar su monopolio de la fuerza. El resultado no ha sido efectivo porque la violencia es consecuencia y no la causa: el olvido de la ética política por parte de quienes gobiernan, legislan o ejercen la justicia. No solo no hay un autoexamen sino que además no hay sanciones ejemplarizadoras. La conclusión es que la agresividad no se eliminará con una reforma policial.
De igual modo, tampoco se resolverá con el plebiscito y una nueva constitución cuyo referéndum no se efectuará antes de un par de años. Pero una buena constitución no será suficiente si no se reforman las leyes que rigen el funcionamiento del parlamento, la ley electoral que permite elegirse con una docena de votos, la administración del estado, los tribunales de justicia inoperantes y el favoritismo y corrupción permisible. Es ahí donde está el problema.
La ciudadanía es sabia. Las encuestas desde hace 5 años vienen comprobando una percepción negativa sobre nuestra democracia. Funciona mal o muy mal (58 %) y no creen que los políticos cambien y cunde la corrupción (50 %). El Frente Amplio, constituido por una nueva generación de políticos se pensaba que sería una fuente renovadora de la ética y conducta política. Nada ha cambiado. Es un fiasco.
Los partidos tradicionales ya ni siquiera tienen una juventud como fue en las décadas pasadas.
Así como casi todas las fuerzas políticas fueron capaces de suscribir un acuerdo transversal para cambiar la constitución (una forma disfrazada de su ineptitud), olvidaron u omitieron suscribir un pacto para redactar un código de ética con sanciones a los transgresores. Los tribunales no son imparciales. La carrera judicial depende de la nominación presidencial y de los votos del congreso. Un tribunal de ética políticamente independientes debiera cuidar de su cumplimiento. Hay suficientes honrados en la sociedad civil que podrían integrar un tribunal de esa naturaleza.
Javier Fuenzalida A.
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