Estado indolente
Se acerca la fecha de plebiscito el que aún podría postergarse porque la pandemia no cede. El “paso a paso” puede llevarnos a una suerte de nueva ola como ha sucedido en otros países que se atarantaron en suspender las restricciones sanitarias. Indicadores confiables como los del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile no muestran ninguna tendencia en ningún sentido. Uno de los más importantes, el R efectivo (que el Minsal oculta), está marcando 1 o más desde el 25 de agosto, indicando que los infectados continúan infectando a otros que están sanos. Estos y los muertos tampoco indican que la pandemia está en retirada. La única conclusión es que el coronavirus continuará durante todo el mes de septiembre y muy probablemente durante varios meses próximos.
Mientras tanto, el estado, gobierno y parlamento, aseguran, sin explicar razones, que el plebiscito se realizará el 25 de octubre, aunque comentan actos ilegales e inconstitucionales.
Uno, Prohibir que cerca de 20.000 a 80.000 chilenos ejerzan su derecho a voto por estar infectados. Nada hay en la constitución que confiera tales facultades al estado. La Fundación Participa acaba de presentar un recurso de protección en contra del ministro del interior por abuso de autoridad. Las autoridades y burocracia del Servel alegan que ya no hay tiempo para “pensar” en otra solución. Tuvieron todo el tiempo suficiente hace seis meses. Nada hicieron ante el evento de que la pandemia continuara en octubre. Pudieron haber tenido un plan B como lo hacen normalmente organismo de seguridad, los bomberos, la conaf y otros.
Dos, un manifiesto abandono de sus deberes y que ahora no han encontrado nada mejor que violar los derechos de las personas para justificar su incompetencia. Como ya es costumbre entre los políticos, se quedaron de manos cruzadas y ahora obviamente se defienden de una avalancha de lobos (los infectados).
Estos, del orden de 16.000 activos, número que día a día no se altera significativamente, podrían votar en sus casas. Si una persona premunida de una urna sellada puede pasar a retirar cinco votos el día del plebiscito, se requieren unos 3.000 recolectores, función que perfectamente pueden realizar funcionarios públicos o miembros de las fuerzas armadas o carabineros. Las fuerzas armadas siempre han cumplido con su rol de garantizar la rectitud de los actos electorales. Esta vez podrían además recoger el voto de los infectados y portadores de los virus detectados por el PCR.
Para quienes no han leído la Constitución, es bueno que sepan que su razón de ser es definir, establecer y garantizar los derechos de los ciudadanos para lo cual se definen las facultades y deberes del estado para respetar esos derechos y, muy especialmente, para evitar el abuso del poder que se le ha conferido. La incompetencia política observada en este caso se pretende obviar restringiendo los derechos de los ciudadanos, lo que es abiertamente una tiranía ilegal. Así, se entiende que ya se ha recurrido a tribunales solicitando un recurso de protección en contra del abuso estatal. Se espera que otras personas hagan otro tanto y no se descarta que también se recurra al Tribunal Constitucional.
La imprevisión y ausencia de un plan B que debiera haber sido preparado hace seis meses, a la luz de lo ocurrido en numerosos otros países, podría haber sido crear el voto por correo, retiro a domicilio, el voto electrónico, algo que ya se practica en varios países del mundo y que también en algunas instituciones en Chile lo hacen. La seguridad digital permite que el propio estado utilice los medios virtuales como lo hace el SII, TGR, municipios, ahora las vistas de las causas en los tribunales de justicia, el sistema financiero, el comercio digital, etc. La verificación del votante podría haberse realizado electrónicamente con la firma digital establecida en la ley 19.799 del año 2002 sobre documentos electrónicos. Claro que esto exige una cultura virtual ausente en la alta burocracia como el blockchain y la firma electrónica. Una prueba de esta ignorancia es la prohibición reciente del ministro de justicia para que las notarías usen medios digitales. ¡Medioeval!
Es impresentable que hasta el presente la burocracia estatal declare con toda desfachatez que se le negará el derecho a voto a todos los infectados. El fiscal Abott, para no ser menos, amenaza que los perseguirá si van a votar en lugar de luchar contra la delincuencia.
Aun es tiempo para suspender el plebiscito como se ya se hizo en marzo pasado. Y Ahora ¿Podrán ir a votar los 3,3 millones de personas mayores de 75 años en cuarentena y los miles de ciudadanos infectados?
La postergación se requiere de una ley de un solo artículo que el ejecutivo puede enviar al congreso, con discusión inmediata, de modo que en 24 horas sea despachada y publicada en el diario oficial. No es la primera vez que ello se hace ¿Se recuerdan cuando a la DC se le pasó el plazo para inscribir a sus candidatos y hubo que dictar una ley especial a todo cuete en 2001? Ahora se puede hacer los mismo con el Plebiscito.
La última encuesta de Cadem del viernes pasado revela que el 45 % de los votantes están a favor de su postergación, 23 % de los contagiados reclaman su derecho a votar y piden mesas especiales, voto por correo o que sea retirado por contingente militar y policial.
Los parlamentarios tendrán que acatar el procedimiento de contrario estarán también haciendo un notable abandono de sus deberes y cómplices del abuso de autoridad. 40.000 o 50.000 votos puede hacer variar el resultado electoral. ¿Qué decisión tomarán los políticos si realizado el plebiscito en estas circunstancias se verifica una abstención superior al 50 %? ¿Tendrá pecado de origen ese resultado?
Javier Fuenzalida A.
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