Ineficiencia

A la fecha, en el mundo han fallecido 500.000 personas víctimas del coronavirus. Nada comparado con la influenza española de 1918 cuando murieron 50 millones. Aun así, es una desgracia para la humanidad.

Ante la inexistencia de una vacuna, los países han optado medidas sanitarias paliativas para detener los contagios y tratar a los infectados con medios convencionales junto con restringir algunas libertades, entre otras, la de movimiento o desplazamiento, ordenando cuarentenas y, sancionando a los infractores. En nuestro caso, el Art. 318 del código penal recientemente modificado con gran bombo del congreso como si con ello fuera a acabar con la pandemia. Aun así, la población ni cree que en las amenazas de sanciones draconianas. Hay un bajo cumplimiento de las cuarentenas.

La población entre 15 y 80 años es de 15 millones de habitantes. 90.000 han sido detenidos por no cumplir con las cuarentenas de los que 5.553 han sido formalizados y los jueces han sometido provisoriamente a 2.232 con arresto domiciliario, 1.738 con prohibición de salir de la región de su domicilio, 547 en prisión preventiva, 183 cuya prisión está pendiente, 356 sujetos a vigilancia y 476 con prohibición de mantener contactos con terceros. No hay información disponible sobre cuántos efectivamente han sido penados. En todo caso, la persecución es precaria, lo que incentiva a los infractores a no cumplir las normas.

Se estima que la población infractora puede ser del orden de 1.500.000 personas. Han salido de sus hogares para visitar a otros o sin alguna razón atendible, como sería ir al trabajo, salud, pasear mascotas o salir de compras.

Citysense es una empresa que ha instalado receptores electrónicos en diversos lugares de las comunas de Santiago que registran un celular en desplazamiento (no capta el número o identificación de quien lo lleva). Es como si alguien se pusiera a contar las personas que transitan por un determinado punto.

Cuando la epidemia comenzó, en los primeros días de marzo, el flujo de personas detectadas por estos sensores del wi fi de los celulares era de 250.000 diarias y al 21 de junio era del orden de 130.000, o sea, una reducción del 52 % cuando, con cuarentenas, debería haber sido del 70 u 80 % como sucedió en otros países con mayor respeto por lo público. Hasta ahora se sospechaba que las tasas de incumplimiento se daban mayoritariamente en las comunas cuyos habitantes son de un menor nivel socioeconómico que no respetan las normas. Las imágenes de la tv así lo mostraban. Fiestas de 400 personas en Maipú, en Peñalolén, la Cisterna y otras.

La información de Citysense indica lo contrario. Entre marzo y junio todas las comunas del oriente de Santiago acusan un aumento en la movilidad, número creciente de personas circulando por las calles. Providencia 12 %, Las Condes 1,3 % Vitacura 4,8 % y Lo Barnechea 1.9 %. En cambio, en comunas del sur y este ha habido una disminución de movilidad. Puente Alto -3.6 %, La Florida – 22 %, Maipú -1.8 %, Pudahuel -13.2 % entre otras. Podría argumentarse que en estas comunas hay menos celulares que en las del barrio alto. Poco probable ya que hay 22 millones de celulares activos para una población de 19 millones. Prácticamente todos tienen un celular.

Otra información se refiere al coeficiente de detenidos por 100.000 las comunas del oriente presentan los mayores coeficientes.

Debe reconocerse que la información es incompleta. No sabemos cuál es la metodología utilizada por la policía y FFAA para decidir dónde patrullar, como así mismo no sabemos el criterio adoptado por Citysense para decidir en qué lugares se instalan los sensores para garantizar que la información no sea sesgada.

La autoridad tampoco ha sido estricta en el cumplimiento de las restricciones. La TV muestra imágenes en que aparece el presidente entrando a la moneda sin mascarilla, parlamentarios en el congreso sin mascarillas, funcionarios públicos entrevistados sin mascarilla. Más de alguno se preguntará ¿Por qué no yo?

El gobierno, por otra parte, ha declarado que será intransigente en querellarse contra quienes no respeten las cuarentenas, el uso de mascarillas y no mantengan la distancia social.

Las informaciones de los medios sobre hechos policiales usualmente informan que los jueces aplican recurrentemente cautelares a delincuentes, una “pre-sanción” como la recurrente reclusión nocturna en su propio domicilio y que en este caso se repite. Es una ficción jurídica sin sentido. No es un castigo porque todos nos recogemos diariamente a dormir en nuestros hogares. No así la prisión preventiva, a cuenta de una eventual sanción, cuando el juez presume que el procesado podría desaparecer. Desgraciadamente ni el ministerio del interior ni el poder judicial informa sobre cuántos ya han sido efectivamente sentenciados.

Los números anteriores nos permiten conocer la ineficacia de los anuncios de la autoridad. 90.000 detenidos indica que la probabilidad de que una persona que salga a la calle sin autorización y sea detenida es de 0.60 %. Si además es formalizada, la probabilidad que ello ocurra es de 0 24 % y si además es sancionado (algo que aún no ha ocurrido) será menor aún. Puesto de otra forma, la impunidad es del orden de 99 %, casi un premio.

De ahí que modificar el Art. 318 aumentando la multa a 5 o 10 millones de pesos y alternativamente, condenar a presidio efectivo de 1 año y medio, con la opción de suspender el procedimiento y aceptar la obligación de someterse a un trabajo comunitario, no produce los efectos buscados como es la disminución de gente circulando por la calle o haciendo fiestas.

Javier Fuenzalida

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