Abogado Daza por denuncia de prevaricación en Caso Cascadas: “estamos frente a una trama de corrupción e impunidad que parece interminable”
Durante las últimas horas se dio a conocer la existencia de una investigación criminal en contra de la Jueza del Cuarto Juzgado de Juicio Oral en lo Penal, Laura Assef, por el delito de prevaricación vinculado con la actuación que habría tenido en la absolución de Aldo Motta Camp, imputado por múltiples delitos de la ley de mercado de valores relacionados con el denominado “Caso Cascadas”, donde se sostuvo la existencia de un esquema fraudulento el cual se habría concretado a través de un conjunto de operaciones ficticias realizadas en bolsa y que habrían tenido por finalidad beneficiar al controlador de dichas compañías, Julio Ponce Lerou, a costa de perjudicar a accionistas minoritarios.
La denuncia, presentada por el Juez del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, Cristián Soto, a quien le correspondió presidir la sala que conoció del segundo juicio que finalmente absolvió en voto dividido al ex ejecutivo y hombre de confianza de Ponce Lerou, ha generado un escándalo judicial que recién está comenzando. Para conocer su reacción y proyecciones de esta denuncia, hablamos con el abogado querellante del Caso Cascadas, Mauricio Daza Carrasco.
¿Le sorprendió esta denuncia del juez Cristián Soto?.
La verdad es que no tenía conocimiento de su existencia ni de muchos de los hechos en que se funda. Esto, más allá que toda la dinámica del caso podía dar lugar a suspicacias. Hay que recordar que la existencia de un esquema fraudulento para beneficiar al controlador de las empresas cascadas a costa de los accionistas minoritarios a través de operaciones simuladas hechas en bolsa, es algo que fue primero establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros, en una investigación la cual estaba fundada en miles de antecedes concretos. A partir de esto, se siguió un procedimiento administrativo sancionatorio donde se establecieron multas ejemplares en contra de las personas involucradas, las cuales después fueron rebajadas de manera inexplicable por el Tribunal Constitucional. Así, por ejemplo, en el caso de Ponce Lerou, se estableció una multa de 75 millones de dólares en operaciones que lo habrían beneficiado por 120 millones de dólares, la cual fue rebajada por el Tribunal Constitucional a 3,5 millones de dólares, argumentando de que el monto de la multa original violaría el “principio de proporcionalidad”, lo que obviamente es impresentable. Paralelamente se siguió una causa criminal, donde en el primer juicio se estableció la existencia del esquema fraudulento denunciado y la responsabilidad criminal de Motta Camp, con un voto unánime tres a cero. En contra de esa sentencia se recurrió por la defensa de Motta de nulidad ante la Corte Suprema, la cual fue acogida en voto dividido tres a dos, a partir de una razón de carácter meramente formal y sin entrar al fondo de la imputación que se hacía. Finalmente llegamos a un segundo juicio donde a través de una sentencia vergonzosa y aberrante de los cuestionados jueces Assef y Flores se absuelve a Motta de todos los cargos.
¿Pero Ud. sospechaba que podían existir actos de corrupción?
Bueno, cuando uno constata que existe una acusación basada en hechos que están fundados en miles de antecedentes sólidos y concretos, los que claramente realizan conductas calificadas como delitos en nuestra legislación de valores, y que a pesar de esto no se castigue a los responsables, obviamente uno piensa de que hay algo que no cuadra. En este contexto resulta grave lo que se señalaría en la denuncia que ahora investiga la fiscalía por prevaricación, en cuanto a que la jueza Laura Assef habría sostenido que se tenia que absolver el caso desde el inicio del juicio, y antes de que se rindiera toda la prueba por parte de la fiscalía y los querellantes. También es grave que en ese contexto el juez Juan Flores hubiese cambiado abruptamente su decisión inicial de condena respecto a parte de los cargos imputados, y que en aquello hubiese tenido algún tipo de injerencia las conductas de la jueza Assef, y todo esto en contexto donde ella habría tendido contactos con la defensa de Motta mientras se desarrollaba el proceso, dándole incluso consejos sobre como realizar su labor durante el juicio.
¿Entonces Ud. atribuye la decisión del segundo juicio a actos de corrupción judicial?
En lo personal siempre tiendo a creer que sentencias aberrantes y vergonzosas se deben, en principio, a la decisión de jueces de mala calidad, que si bien no son la mayoría, abundan. Pero en el caso de la sentencia de mayoría absolutoria del segundo juicio penal en contra del imputado Motta Camp, la corrupción surge como una explicación plausible, especialmente a partir del tenor de la denuncia que se ha conocido y del contexto en que se ha desarrollado el caso cascadas. Hay que recordar que Ponce y SQM se han vistos envueltos en múltiples denuncias e investigaciones relativos a actos de corrupción, especialmente en el ámbito del financiamiento ilegal de la política, a pesar de lo cual estas investigaciones siempre terminan de manera anticipada, impidiendo que se esclarezca toda la verdad de los hechos denunciados.
¿Ud. notó algo raro en la tramitación del caso cascadas?
La verdad es que como parte del equipo de abogados en representación de uno de los querellantes siempre tratamos de analizar el desarrollo del caso conforme al mérito de la prueba que se va produciendo día a día, más allá de los gestos y actitudes de los jueces, los que se pueden deben a muchos motivos que uno desconoce, por lo que entrar a especular desde nuestra posición acerca de los mismos sobre la marcha del juicio resulta una distracción del trabajo de litigación que se debe realizar. Además, uno no majea todo lo que pasa tras bambalinas, que es precisamente aquello que se ha revelado con la denuncia del Juez Presidente. Lo único que me llamó la atención, más allá del trato familiar que tenía la jueza Assef con la defensa del imputado, es que el día en que se dio a conocer el veredicto, y en el preciso momento en que se señaló que se absolvía por mayoría a Motta de todos los cargos, la Juez Assef me miraba fijamente a los ojos con una notoria sonrisa. En ese momento traté de no darle mayor importancia; hecho que en todo caso, a la luz de lo que se ha conocido, obviamente cobra otro sentido.
El abogado Gabriel Zaliasnik, uno de los defensores de Motta, ha sostenido en redes sociales que se ha tratado de enlodar el resultado del juicio, incluso comparándolo con la reacción del jugador Navarro Montoya en la semifinal de la Copa Libertadores donde Colo-Colo ganó a Boca el año 91. ¿Qué opina de esto?
No me extraña en lo más mínimo que el abogado Zaliasnik piense en el proceso penal como algo equivalente a un partido de futbol. Pero la verdad es que aquí nos encontramos frente a una denuncia extremadamente grave la cual no ha sido presentada por ninguna de las partes del juicio, sino que por el juez presidente de la sala del tribunal que tuvo a su cargo conocer y fallar el caso sobre fraude al mercado de valores más importante de nuestra historia judicial. En ese contexto, yo creo que estamos frente a una situación de extrema gravedad que no debe ser banalizada.
¿Ud. cree que esta nueva investigación criminal en el contexto del "Caso Cascadas" llegará a buen puerto, a pesar que la Corte de Apelaciones de Santiago mandó a archivar el caso?
Ese archivo responde solo a que se quiere esperar a ver cono avanza la investigación criminal y que antecedentes se obtienen en ese proceso. Además, la Corte no puede en un sumario requisar celulares o computadores personales, revisar tráfico de llamadas para determinar si han existido contactos con los abogados defensores, ni puede revisar correos electrónicos de cuentas privadas y mensajes de whatsapp. Tampoco pueden revisar cuentas corrientes y otras fuentes para determinar si han existido pagos o beneficios para los jueces denunciados o sus cercanos. Esto le corresponde al Ministerio Público, que espero haga una investigación a fondo, caiga quien caiga. Más allá de esto, hay que reconocer las dificultades propias de una investigación de esta naturaleza, ya que resulta normal que quienes han participado en actos graves de corrupción eliminen o cubran las pruebas que los puedan incriminar. A esto se debe agregar un factor cultural, que se vincula con la usual reacción corporativa de los miembros de una institución frente a los actos de corrupción de algunos de sus miembros, donde muchas veces se prefiere tapar y relativizar los hechos antes de investigarlos y sancionarlos de forma ejemplar, bajo el supuesto que si se hace se podría afectar gravemente la credibilidad de dichas instituciones. Esto, como una forma de decir “lo arreglaremos internamente por otros medios, en algún momento, y sin escándalo”. Sin embargo una conducta como esa al final resulta lo peor que se puede hacer, ya que solo aislando y sancionando de manera ejemplar la corrupción en todos los ámbitos, especialmente el judicial, se puede mantener la credibilidad de las instituciones al mediano y largo plazo. En todo caso creo que el Poder Judicial y la Fiscalía han dado ejemplos de cómo actuar correctamente en este ámbito en el caso de corrupción de la Corte de Rancagua. Ojalá que aquí se siga la misma vía, a pesar que obviamente los actores involucrados en este caso son de mayor envergadura.
¿A que se refiere con que en este caso los actores son de “mayor envergadura” que en caso de corrupción conocido como “el desastre de Rancagua”?
Se trata del mayor fraude a la ley de mercado de valores que involucra a un hombre de confianza de Julio Ponce Lerou y que puede abrir el camino para investigarlo a él y a su entorno histórico en sede criminal. Y sabemos que Ponce es un hombre de redes, como ha quedado al descubierto con ocasión de las investigaciones criminales por aportes ilegales a la política hechos por SQM. Además, los abogados defensores son los mismos que defienden actualmente al Presidente Sebastián Piñera en un conjunto de causas donde se le imputan delitos de lesa humanidad.
¿Ud. cree que se puede revertir la absolución del Motta a partir de esta investigación por corrupción en contra de la jueza Laura Assef?
Nosotros presentamos todos los recursos posibles para que algún tribunal superior de justicia revisara el fondo de una sentencia que consideramos vergonzosa y aberrante. Sostener, como lo hacen los cuestionados jueces Laura Assef y Juan Flores, que por el solo hecho que una operación se haga formalmente en bolsa no puede ser en caso alguno constitutiva de delito resulta impresentable, y deroga en la práctica toda la legislación que sanciona precisamente aquellas operaciones fraudulentas que se hacen en bolsa. Nos deja derechamente en la prehistoria de la regulación de mercado de valores. No obstante todos esos esfuerzos, ningún tribunal quiso entrar a conocer el fondo de nuestros recursos, limitándose a declararlos inadmisibles a partir de una lectura formal de una cuestionable norma que existe en nuestra legislación procesal penal la cual establece que en el caso de que exista una sentencia absolutoria en un segundo juicio, no procede recurso alguno en su contra, a pesar que la sentencia del primer juicio hubiese sido condenatoria por unanimidad y que ese primer juicio hubiese sido anulado por un motivo de carácter formal, sin cuestionar el fondo de la condena. Sin perjuicio de todo esto, en una investigación de prevaricación iniciada a partir de la denuncia de uno de los jueces que intervino en el caso, quien además era el presidente de dicha instancia, lo más importante es esclarecer si los funcionarios públicos llamados a actuar de forma imparcial en la decisión de un proceso como este, efectivamente lo hicieron conforme a las normas de probidad que rigen su actuación. Lo que ocurra con Motta pasa a ser secundario. Por eso espero que se rompa en este caso con esa nefasta y arraigada cultura de impunidad que existe en nuestro país en relación a los casos graves de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios, y se investiguen de manera efectiva y profunda estos hechos, que pueden constituir solo la punta de un enorme iceberg. Ojalá que en este caso nuestra institucionalidad esté a la altura, y se aleje de la tradicional reacción corporativa para que esto quede en nada.
¿Le queda vida al caso cascadas?
Sin ninguna duda. Hay que recordar que todavía está pendiente la imputación en contra de Julio Ponce Lerou y las demás personas que participaron del esquema fraudulento, mas allá de Motta Camp. Tengo la convicción que podremos llegar a juicio con esas aristas del caso con condenas ejemplares.
¿No tiene el temor que en ese evento ocurra lo mismo que con Motta?
Yo me muevo por convicciones, no por miedos o probabilidades, y eso incluye lo profesional. Tengo la convicción que la mayoría de los jueces no están el Poder Judicial sólo para cuidar una posición, recibir su sueldo a fin de mes, y en ese contexto tratar de subir en el escalafón buscando comprometer apoyos y creando redes a cualquier costo. Creo que existen muchos jueces íntegros y probos en nuestros tribunales, que saben que cumplen con una función social relevante y que no dudan en aplicar la ley de manera imparcial y fundada, buscando determinar la verdad de los hechos que se imputan. Un gran ejemplo de esto es el propio juez Cristián Soto, quien ha tenido la enorme valentía de hacer una denuncia por hechos graves que involucran directamente a dos de sus colegas, la jueza Laura Assef y el magistrado Juan Flores, aún cuando sin duda lo mas cómodo y en muchos sentidos conveniente era sencillamente quedarse callado y dejar esto pasar. Ojala que nuestra institucionalidad, en su conjunto, esté a esa misma altura.
