INDH, HRW, OEA: Inhumanos
El martes 10 fue el aniversario del estatuto de las naciones unidas de 1948 sobre los derechos humanos y que en Chile están reconocidos por las leyes 20.357, 20.405 y 20.885 y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos que los defienden, pero que, como ocurre muchas veces en la política y en la burocracia internacional, su aplicación se ha ido distorsionando, entre otras, por razones de carácter ideológicas.
Tanto el actual director del INDH, Micco, como sus antecesores, se han circunscritos a la defensa de los ciudadanos, aun cuando reconoce que no existe una política sistemática de violaciones por parte del estado. Así lo declaró ante el Senado y posteriormente en el Canal 13, afirmando que la ley y ese instituto solo defienden a las personas cuyos derechos han sido violado por el estado o por sus agentes reconociendo que no existe en el país una política expresa que permita tales actos.
Con todo, en los últimos acontecimientos el INDH y su director sostienen una visión parcial e incompleta y silenciosa respecto de los 12.652 heridos atendidos en los servicios de urgencia y 2.808 en hospitales. 156 choferes del Transantiago heridos. ¿Todos, víctimas de agentes del estado? ¿Quién hirió entonces a 2.300 carabineros?
Los políticos y la prensa ignoran otros actos de personas que no son agentes del estado y que violaron los derechos de otros, como es el caso de quienes han atacado violenta y deliberadamente, causando heridas y hasta muerte a funcionarios públicos, carabineros, PDI, militares u otros agentes de seguridad que han sido ignorados y desamparados por el INDH. ¿No es su pega?
En los 40 días pasados, 2.300 carabineros resultaron heridos quienes no han sido sujetos de atención por el INDH. De igual modo, todas estas víctimas de la violencia no andaban solos por las calles. Muchos se encontraban en los 60 regimientos atacados, 206 retenes atacados e incendiados, 12 sedes municipales, 5 intendencias, 4 gobernaciones, 97 juzgados que no han podido funcionar por los daños ocasionados, 238 edificios públicos. La destrucción programada de quienes están detrás de lo ocurrido, terroristas y izquierdistas, causaron un inaceptable un irreparable daño directo a 65.000 personas. 53.000 no pudieron concurrir o ser atendidas a sus consultas médicas programadas con meses de espera y que debieron ser postergadas más 12.000 cirugías suspendidas. Seguramente más de alguno falleció por no haber podido recibir su atención quirúrgica. ¿Qué dicen Micco y el INDH, Vivanco del Human Right Watch, la Comisión interamericana de los DDHH de la OEA ? Silencio total. Como si todo ello hubiera ocurrido en el planeta Saturno.
¿Cómo se explica esta conducta? Simplemente porque, en forma deliberada, hacen una lectura parcial y sesgada del estatuto y las leyes al respecto cuando se trata de funcionaros públicos o personas pacíficas afectadas por la violencia. Otra omisión es ignorar el Art 17 del estatuto de la ONU como también los documentos de la OEA, HRW y la ley chilena que señalan el derecho de propiedad como un derecho humano tan importante como los derechos personales. Para ellos, su silencio en este aspecto es como si todo lo ocurrido en octubre y noviembre hubiera sido pacífico, pastoril, sin daños materiales, ni saqueos, robos ni incendios, ,a los más como una mera casualidad: 15.000 Pymes destruidas total o parcialmente. 9.000 con graves daños materiales, cuyos propietarios son mayoritariamente personas de ingresos medios. Sus negocios o empresas fueron asaltadas, saqueadas e incendiadas, dejando cesantes hasta hoy 75.000 trabajadores. Los incendios y destrucción de 93 de las 136 estaciones del metro, aparte del vandalismo, han dañado a millones de usuarios diarios que en lugar de demorar 1 a 2 horas en ir y volver a sus hogares, han debido pasar 5 a 6 horas al día movilizándose por otros medios, desde a pie o en micros. ¿No es una violación de los derechos humanos?
Se estimas que la reconstrucción y reparación de los daños materiales será del orden de los US $ 4.000 millones, recursos que también, de una forma u otra, saldrán del bolsillo de los chilenos que tendrán que abstenerse del consumo habitual de otros bienes y servicios demandados para sus necesidades y bienestar ¿No es también una violación de los derechos humanos?
¿En qué mundo vive Micco el INDH, Vivanco del HRW, la OEA, o trabajan partime?
Javier Fuenzalida A.
