​Un deber con la Patria

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Mario astorga (columnista)


Para nadie fue una sorpresa, salvo posiblemente para quienes lo firmaron, que el acuerdo por un proceso constituyente no terminaría con la violencia, ni que tampoco lo haría la hemorragia de buenas noticias en pensiones, en salario mínimo, en transporte, en salud, y en el trato para la tercera edad anunciadas. Pueden ser muy insuficientes, pero sin lugar a dudas, de implementarse, serían avances de los más grande en políticas sociales en los últimos años. ¿Por qué entonces la violencia en vez de amainar recrudece? ¿Por qué ahora, además de supermercados, incluye a los hospitales donde se atienden los más vulnerables?, ¿afecta a recintos de Carabineros, que fueron durante años la institución más respetada en Chile?, ¿Por qué se paralizan carreteras si no es para que camiones y microbuses, vía su paro no-voluntario provoquen el desabastecimiento de los barrios populares? No hay que ser muy astutos para ver una congruencia, posiblemente no planificada con detalle desde un comienzo, para la generación del caos total. Que una diputada diga que es una exageración y que se puede transitar libremente en Chile, es una muestra más uno de los grupos que están agitando la asonada. No creo que sea ciega ni que no esté informada. Solo le interesa que el caos llegue a todas partes.

Posiblemente no fui el primero ni el único en señalarlo, pero hace ya 5 semanas en este mismo diario comentaba que era necesario separar la paja del trigo, que los dos bandos en conflicto se equivocaban en meter en un mismo saco a todos los manifestantes; sin distinguir que en las manifestaciones estaban participando distintos tipos de actores , cada uno con sus propios objetivos: manifestantes pacíficos, que quieren cambios en la situación de inequidad en que la codicia de unos pocos ha sumido a nuestro país, manifestantes violentos que quieren cambios y están dispuestos a seguir con los saqueos y desmanes hasta que logren lo que quieren (unas de las dificultades es saber que quieren porque no han verbalizado sus demandas y la lista completa es imposible AHORA técnica y financieramente) o hasta la muerte. La mayoría de este grupo son jóvenes que nunca votaron, que nunca han creído en la democracia, muchos de ellos llevan tres o más años de NINI (ni estudian ni trabajan), y creen, no tan injustificadamente, que el sistema los marginó y que ya no tienen posibilidad de reinsertarse, por ende no pierden nada si el sistema, el Estado, el gobierno se acaban (en sus gritos y rayados de muros se ve claramente que no son capaces de establecer ninguna diferencia entre esos tres entes). Muchos de estos jóvenes han tenido su relación anterior, vía delitos graves o leves, con Carabineros. Me sorprende que los políticos y parlamentarios de oposición no estén considerando en sus análisis y declaraciones el que un 80% de los 15.000 detenidos a la fecha hayan sido detenidos antes de las manifestaciones. Posiblemente en esas capturas anteriores hubo forcejeos, algún abuso, alguna injusticia, y ahora esos ex-detenidos tienen la posibilidad de cobrarle la cuenta a Carabineros, como si cada uno de los 50.000 efectivos que hay en Chile hubiesen sido el que los detuvo o por quién se sintieron maltratados. Están los delincuentes comunes, con rabia aún mayor contra Carabineros, por las mismas razones y porque le “echan a perder el negocio” con su actuar y finalmente los narcos, que han podido operar con mucha más libertad durante las protestas, etc.

A estas alturas no debiera quedar duda que la mayor parte de la violencia en Chile tiene sus propios motores, en el narcotráfico, en la delincuencia, en unos pocos anarcos que solo leyeron los titulares de sendos filósofos e ideólogos de dicha tendencia y algunos jóvenes que realmente no confían que nuestro sistema político pueda ofrecer soluciones de verdad a las injusticias acumuladas durante tantos años.

Ha faltado una voz clara en el gobierno y en la oposición que aísle a esos actores, no solo en la tipificación, sino en las sanciones. La Centro Izquierda es la que está más al debe al seguir protegiendo con el “manto de la justa protesta” a delincuentes que se están aprovechando de las manifestaciones para cobrarle sus cuentas históricas a Carabineros. Es extremadamente miope no verlo.

Todas las fuerzas democráticas deberían coincidir en hacer un llamado a suspender las marchas, paros, huelgas y protestas por un mes, para darle espacio a las fuerzas de orden y si es necesario a las FFAA para aplicar todo el rigor de la ley sobre los antisociales que se sigan manifestando y haciendo saqueos. Ese mismo mes debería servir para que los legisladores y el gobierno lleguen a acuerdos sustantivos sobre la agenda social y sobre el cronograma constitucional. Sería importante que durante ese periodo las fuerzas de orden den cuenta a la sociedad de la cantidad de detenidos, del porcentaje de ellos que tenían prontuario antes de las manifestaciones, de las casi doscientas casas de acopio que han sido allanadas donde se encontraron mercaderías de los saqueos, tipificación de los propietarios/arrendatarios de dichas propiedades, de la cantidad de cuarteles de carabineros atacados por las turbas, de la cantidad de carabineros heridos y su gravedad y de los más de 1000 sumarios que se están incoando para detectar y castigar culpables de los muchos y algunos imperdonables excesos de las fuerzas de orden, la mayoría ya suficientemente conocidos por la opinión pública a través de los medios y las RRSS.

El gobierno y el Congreso son las únicas vías constitucionales a través de las cuales Chile puede salir de esta crisis; desgraciadamente ambos poderes tienen una mermada legitimidad, producto de la alta abstención cuando fueron electos, y el poco y cada día más menguante respaldo que les otorga la ciudadanía en las encuestas; por lo tanto, el poder legislativo como el ejecutivo tienen “el deber con la Patria de ampliar su legitimidad”. No hay mecanismos únicos para ello, pero en parte podrían establecer un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil. Los gremios de trabajadores, de estudiantes, de profesores, de los empleados públicos, etc. cumplen un rol importante; sin embargo la conversación no puede circunscribirse solo a ellos porque tampoco gozan de mucha legitimidad; por ejemplo, transcurrido un año, todavía no se termina de resolver la legalidad de última elección de la CUT y en dicho gremio participa menos del 7% de los trabajadores de Chile ; algo similar ocurre con el magisterio, y en las elecciones estudiantes la abstención ha sido superior al 70% en los últimos años; por ello es necesario incorporar a otras organizaciones que han probado una permanente sintonía con los sectores más vulnerables de la sociedad como son las fundaciones y ONGs quienes como Hogar de Cristo, Trabajo para un Hermano, Techo, Fundación Las Rosas, María Ayuda, etc, además de su experiencia técnica de trabajo para darle respuestas concretas a los sectores más vulnerables, tienen una base de decenas de miles de voluntarios y beneficiarios que pueden tender un puente con los manifestantes que aunque violentos, no están vinculados ni al narcotráfico, ni a la delincuencia, ni al anarquismo. ¿Serán capaces el ejecutivo y el legislativo de renunciar a parte de su poder y escuchar proactivamente a estas instituciones.


Mario Astorga De Valenzuela