​Una tarea pendiente: La eficacia y eficiencia en la administración del Estado

Mucho se ha hablado de la eficacia en el Estado, sobre todo en la ejecución de las leyes. Y a este respecto es básico el trabajo de la Contraloría General de la República, que está vinculado a la eficacia de las leyes a través del principio de legalidad. En cambio, una dependencia del Estado que ha estado tradicionalmente vinculada a la eficacia es el Ministerios de Hacienda. Estos son dos pilares fundamentales de la Administración, en los cuales es necesario profundizar. Tal vez ha llegado el momento que Contraloría no sólo fiscalice el apego a la legalidad en la actuación de la Administración, sino que también incluya a la eficiencia en su rol controlador. Y, en este sentido, a Contraloría podría asignársele un rol preventivo e informador en torno a la eficiencia en los programas de ejecución de las políticas pública. Entre estas funciones podrían estar la de informar si las licitaciones –a todo nivel- se están llevando de forma transparentemente y a precios de mercado; si los necesarios planes del gobierno, en materia social, se están ejecutando progresiva y eficientemente (y no malgastando en ejecuciones presupuestarias durante los últimos dos meses del año); si las políticas de transferencia de recursos del Estado –o sea de los recursos que se obtienen mediante impuestos- están llegando en un porcentaje importante a los que lo necesitan; etc. Así, hay muchos bolsones de ineficiencia en la administración del Estado que hacen que sea indispensable una mirada técnica externa, que mejore los procesos de transferencias y revise si no hay problemas de corrupción y transparencia. Si esta información se estandarizara y se transparentara, tal vez nos encontraríamos con la sorpresa que por ejemplo se pueden bajar los impuestos y mejorar la situación de las personas más vulnerables. Esta información también es muy relevante en torno al déficit público. Y, en este sentido, a Contraloría podría corresponderle evaluar políticas graduales concretas de rebaja del déficit, sin que se resientan las políticas sociales más relevantes (tal vez todavía estamos a tiempo para hacer esto). Es verdad que Hacienda hizo una excelente labor, en esta materia, durante los gobiernos de la Concentración; pero qué duda cabe que, a pesar de todas las planificaciones, hemos fracasado nada menos que en la contención del gasto público. Este tema es esencial, desde que el Estado ha aumentado los impuestos y las transferencias a las personas más vulnerables de forma acelerada desde los años noventa en adelante. Sin embargo, hay señales alarmantes en torno a la ineficiente transferencia de recursos a los más pobres. Ello además permitiría poder mejorar la relación entre el sector público y privado, evitando los fenómenos de captura del regulador de forma preventiva. Ahora bien, estas funciones también podrían estar en el Banco Central, pero Contraloría tiene la ventaja de poder vincular estos procesos a un control de la Administración, que no sea eminentemente legalista, -e incluso efectivo-, sino eficiente.

Rodrigo Barcia Lehmann

Profesor Investigador

Facultad de Derecho

Universidad Finis Terrae