Contraloría

 Dictamen emitido por la institución pública va a la Corte Suprema, con el fin de que sea anulada la sentencia que desestima el recurso de protección presentado por los propietarios de los inmuebles aledaños al canal El Bollo.

El convenio permitirá poner término a la disputa judicial que mantienen desde 2017, mediante un desistimiento fundado en sus estipulaciones y, al mismo tiempo, consolida e incrementa sus avances en probidad.El resguardo del principio de probidad, la condición de empresa del Estado y la naturaleza comercial de sus operaciones que desarrolla en un mercado competitivo, son la base del convenio de colaboración suscrito entre las entidades y formalizado por Jorge Bermúdez, contralor General de la República, y Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.El contralor Bermúdez valoró la suscripción del convenio y destacó el esfuerzo conjunto de ambas instituciones para destrabar la causa judicial: “Esta es una buena noticia para Chile, porque gracias al diálogo y a la voluntad de buscar soluciones estamos poniendo fin a una disputa judicial, y lo más importante, estamos trabajando en conjunto para reforzar los estándares de probidad y transparencia en la empresa pública más importante de Chile”.Entre los principales aspectos estipulados en el convenio de colaboración, el organismo contralor reconoce los avances significativos logrados por la compañía desde la dictación del Informe Final N°900 de 2016, respecto de sus mecanismos de contratación y las modificaciones en la normativa interna, lo que ha permitido fortalecer y elevar el estándar de probidad en sus distintos procesos.“Estoy tremendamente orgulloso de la firma de este convenio que, sin duda, fortalece a Codelco y la relación de colaboración con la Contraloría.

Las bancadas de Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli) solicitaron el lunes a la Contraloría una investigación por el encuentro del mandatario con miembros del PS que, según una publicación de Leonardo Soto, diputado de dicha formación, se trataba de una "reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y mayor coordinación la opción del 'Apruebo'".

La iniciativa, promulgada por el Presidente Sebastián Piñera el viernes pasado e ingresada a Contraloría esta mañana, fue aprobada por amplia mayoría en Poder Legislativo y despachada a Ley el jueves último. 

La empresa consignó que con fecha de hoy, cesó en el ejercicio de su cargo el director Claudio Skármeta Magri, por la expiración del plazo de su nombramiento.

Patricio Herman, en representación de la fundación, solicitó a Contraloría un pronunciamiento acerca de la juridicidad del oficio circular N° 293, de 2018, de la División de Desarrollo Urbano del citado Ministerio, que señala que la prohibición de 'considerar a los pasajes como acceso para los usos de suelo que ahí se indican, entre ellos, el equipamiento, con la excepción que detalla, contenida en el numeral 1 del artículo 2.3.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC),  no se aplica a los proyectos que se emplacen en terrenos cedidos para equipamiento municipal.

El arquitecto y ex funcionario público en la VI Región, Daniel Guzmán, “relata situaciones de corrupción abierta en las comunas de esa región”, consigna la Fundación presidida por Patricio Herman. 

De acuerdo a Patricio Herman, presidente de la colectividad, la circular, de carácter nacional, “busca cambiar radicalmente las reglas del juego respecto a la ejecución previa a la recepción de obras municipales de las faenas de mitigación vial, por cuenta de cada titular de proyecto inmobiliario de alto impacto, contenidas en sus Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)”.

“Lo que ha sostenido la Contraloría en el mencionado Dictamen, es que la validación de condiciones y incentivos que contemplan respectivamente los artículos 183 y 184, de la LGUC, debían interpretarse armoniosamente con los requisitos que esas dos disposiciones establecen, y no prescindiendo de ellos como pretendía la caprichosa Circular 413 de la DDU del Minvu”, indica Patricio Herman, de Fundación Defendamos la Ciudad. 

Patricio Herman, de fundación Defendamos la Ciuda, señaló que "el permiso de edificación se otorgó fuera de plazo, con una interpretación contraria a derecho de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu.

Interpuso una denuncia en la Contraloría Regional de Valparaíso por presuntas faltas a la probidad e incumplimientos a la Ley de Compras Públicas

La Comisión asignó responsabilidades políticas al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), representado por los extitulares, Pablo Badenier y Marcelo Mena, junto a sus respectivos subsecretarios y jefes de Calidad del Aire, por el fallido plan de descontaminación atmosférica para la zona.

El Colegio de Arquitectos nunca ha aprobado ni promovido la existencia de guetos verticales y otras atrocidades urbanas que se han originado precisamente por los vacíos legales que llamamos a resolver.

¿A quién defiende el Colegio de arquitectos? ¿Defiende a la comunidad como reza nuestro juramento, o defiende a las grandes empresas inmobiliarias y Fondos de Inversión, impulsores de atentados sin precedentes en nuestra historia, cometidos contra una comunidad afortunadamente más consciente de sus derechos?

No tengo claro el origen de la disputa, pero un mínimo de coherencia diría que ambos puestos, aunque cubran áreas administrativas distintas, deben ir en el mismo sentido, y en el sentido que fije la ordenanza y el criterio del contralor, que debe ser el mismo.

Este caso se judicializó y la Corte Suprema convalidó un acuerdo entre la municipalidad de Viña del Mar y la inmobiliaria, en orden a que ésta debía ejecutar una serie de mitigaciones viales, sin que los magistrados se pronunciaran sobre el fondo de la materia, es decir, si el permiso del año 2000 mantenía su vigencia o bien estaba caducado conforme lo establece el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)

La autoridad minera se refirió además al principio de acuerdo entre Codelco y la Contraloría General de la República.

Estas funciones también podrían estar en el Banco Central, pero Contraloría tiene la ventaja de poder vincular estos procesos a un control de la Administración, que no sea eminentemente legalista, -e incluso efectivo-, sino eficiente.

Entre 2013-2016, el gasto en el Transantiago presenta un incremento sostenido por año, desde $0,4 billones hasta $0,6 billones.