De acuerdo con la legislación vigente, la Superintendencia tiene un período de 30 días hábiles administrativos para pronunciarse sobre la materia, plazo que se cumplirá el próximo 10 de mayo de 2022.
La compañía fue ingraccionada por por no enviar dentro de plazo los estados financieros trimestrales correspondientes al cierre del 31 de marzo de 2018, y por presentar un porcentaje de custodia como depositante directo inferior a la noma.
Las medidas buscan manejar el riesgo asociado a la inestabilidad de taludes y el desprendimiento de material sobre el estero Nacimiento en época de lluvias.
