De esta forma, el Servicio pasó de 112 el año anterior, a 123 querellas interpuestas este año.
Habrían generado perjuicios por más de $10.000 millones, indicó la compañía. Al analizar a los profesionales querellados, un 60 por ciento de ellos ya contaban con querellas vigentes. Asimismo, un 32% ya había sido sancionado por la misma causa, ya sea por el Compín o la Superintendencia de Seguridad Social.
La querella será presentada invocando la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables de esta situación. Esta normativa establece penas contra las personas que interrumpen servicios públicos.