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Las denuncias incluyen a 11 entidades que ofrecen créditos de forma presuntamente fraudulenta y solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados.
Hasta ahora, en Chile no hay forma de adelantarse a los delitos, ¿Qué pasaría si se aprovechan los datos almacenados en el Ministerio Público junto con los que generan plataformas como SOSAFE para analizar estas situaciones y se enriquece el análisis de los delitos? Así surge un trabajo pionero en el país que reúne a la rigurosidad científica, la experiencia del mencionado organismo encargado de la seguridad de Chile y los datos almacenados por una exitosa aplicación de seguridad vecinal.
Los consumidores indican que les solicitan dinero para ciertos trámites asociados a la obtención de un crédito, pero luego de realizado el pago no dan respuesta ni tampoco entregan el monto comprometido. Anteriormente el Servicio ya denunció a otras 16 supuestas empresas por prácticas similares. En el caso de las empresas crediticias, es importante verificar que se encuentren registradas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
En el contexto de la relación contractual con dicho consultor, éste, con fecha 11 de mayo, informó la no recepción de un pago correspondiente a sus servicios prestados en 2021 por USD 205.000. El mismo día, la referida empresa alertó que había sido víctima de intentos de suplantación de identidad que comprometían a algunos de sus clientes, y que tenía por objeto desviar pagos correspondientes a sus servicios.
Se trata de Casas Manquehue, Casas Catalina y Casas San Sebastián, las cuales estarían incurriendo en un eventual delito de estafa. El SERNAC presentó en el año 2020 demandas colectivas contra Casas Santa María y Casas Los Robles, empresas cuyos representantes tendrían alguna relación con quienes dirigen las nuevas compañías investigadas.
El Servicio decidió esta medida luego de recibir más de 200 Reclamos y múltiples Alertas Ciudadanas por parte de los consumidores denunciando que no envían los productos o los envían incompletos y luego no tienen forma de contacto.
El SERNAC denunció ante el Ministerio Público a la empresa Santiliz para que investigue un eventual fraude. Además, el Servicio solicitará a la justicia que ordene bajar de internet el sitio web se elimine la publicidad emitida.
Se trata de Credifinanciera y Servicios Financieros de Chile, entidades no supervisadas que obtuvieron pagos anticipados de personas que solicitaron un crédito y que luego no recibieron el préstamo acordado.
El Servicio derivó al Ministerio Público antecedentes de cuatro financieras no tradicionales que habrían pedido dinero a los consumidores, sin volver a responderles ni entregarles el crédito comprometido.
Se trata de COOP Chile, Atlante, Acredicom Chile y Credi-Chile.
La decisión se tomó luego de recibir reclamos contra entidades que estarían actuando como compañía de seguros o corredor de seguros sin estar autorizadas ni inscritas en los registros que lleva la Comisión.
Jaraquemada propone controles externos además de subrayar la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la Fiscalía de la Región de O’Higgins.
Las pesquisas se enmarcan dentro de la investigación que realiza el Ministerio Público ante numerosos episodios de intoxicación masiva en la zona
El ex ministro y ex senador se refirió a la acusación presentada en su contra en el marco de la investigación del financiamiento ilegal de la política. “No he cometido cohecho, no soy responsable de delitos tributarios y así lo determinaron sucesivas y distintas administraciones del Servicio de Impuestos Internos”, subrayó, añadiendo que “no aceptaré ninguna salida negociada, defenderé mi inocencia con las armas del Derecho.”
Alejandro Espinosa, abogado del ex senador, enfatizó que “queda demostrado de la lectura de dicha acusación que absolutamente ningún peso de SQM fue a parar al patrimonio del Sr. Longueira (…) ni para uso personal o de financiamiento de sus campañas políticas."
Conforme la investigación del Ministerio Público, el monto defraudado por Garay asciende a los 1.200 millones de pesos y sus víctimas a 29, sin embargo, sólo 20 de ellas actúan como querellantes en la causa.
Se busca generar una instancia de retroalimentación, principalmente en lo que respecta a denuncias y a investigaciones formalizadas por los delitos asociados a la explotación ilegal de juegos de azar, fraudes en el desarrollo de los juegos o infracción a los reglamentos en materia de juegos o diversiones dentro de las poblaciones, entre otros, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.