La normativa, que comenzará a regir el 1 de diciembre de este año, establece los lineamientos y mejores prácticas que deben cumplir las entidades en la gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad. Entre ellos, destaca la responsabilidad que tendrán los Directorios en la aprobación de las estrategias de ciberseguridad de sus instituciones.
