La Contraloría es muy explícita al ordenar en su dictamen que el futuro convenio deberá tener como único propósito el financiamiento y ejecución de las medidas de mitigación en el respectivo EISTU y su modificación, una vez que ésta se encuentre aprobada por la institucionalidad administrativa y que, muy importante, lo anterior bajo ninguna circunstancia implica que esa repartición pública asuma la responsabilidad legal de cumplir con las obligaciones emanadas del EISTU.
