La Ley de Inclusión Laboral exige que las empresas o entidades públicas con más de 100 trabajadores dejen el 1 % de sus puestos laborales a personas con discapacidad. Dentro de las indicaciones actuales se señala que la naturaleza de las funciones de la compañía, pueden permitir si ésta debe cumplir la ley o no.
Llama la atención que en pleno 2023 la brecha de género en empresas públicas sigue siendo muy elevada, en donde sólo un 19% de mujeres integran gerencias, según informe del Consejo para la Transparencia (CPLT).
La Ley N° 21.275, que incorpora el artículo 157 al Código del Trabajo, exige a las empresas de 100 o más trabajadores que cuenten con al menos una persona del área de recursos humanos con una certificación otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, la que permite acreditar conocimientos específicos en materias de inclusión laboral de personas con discapacidad.