El proyecto de ley, enviado ahora a consideración del Senado antes de remitirse al Ejecutivo, fue objeto de una diferencia entre ambas cámaras, en torno a una sanción a aplicar a los consejeros relacionada con divulgación de información reservada.
A diferencia del ente vigente desde 2003, la nueva institución tendrá un perfil autónomo y un fortalecimiento de sus atribuciones, para el mejor cumplimiento de su fin consultivo técnico en materia de manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.