Con la entrada en vigor de la Ley N°2.595 sobre Delitos Económicos, las empresas, sus dueños y directivos se enfrentan a graves consecuencias, como multas, presidio y la disolución de la empresa, si no gestionan de manera efectiva los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Por ello, es fundamental redefinir y fortalecer la función de compliance en todo tipo de organizaciones, sin importar su tamaño.
