El Consejo de Dentistas apoya a las sociedades científicas en su recurso al rechazo de las especialidades odontológicas

El Consejo General de Dentistas ha mostrado su apoyo a las sociedades científicas que han presentado recursos administrativos contra las resoluciones de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad por las que se han rechazado las especialidades odontológicas.

De este modo, y junto a la Conferencia de Decanos de Odontología de España, ha expuesto su respaldo a las sociedades españolas de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), de Cirugía Bucal (SECIB), de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO), de Odontopediatría (SEPO) y de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), y a la Asociación Española de Endodoncia (AEDE).

Estas organizaciones reclaman las especialidades de Periodoncia, Cirugía Bucal, Ortodoncia, Odontopediatría, Endodoncia y Prótesis Estomatológica, pero Sanidad ha denegado, a través de las resoluciones dictadas el 9 de julio, el inicio de los procedimientos para la creación de estos seis títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud.

Así, en sus recursos, han expuesto que estas decisiones se han adoptado sin completar determinados trámites esenciales, como la emisión de los informes profesionales, sanitarios y universitarios preceptivos; la realización del test de proporcionalidad y la celebración de un trámite de audiencia con las entidades solicitantes. Además, han asegurado no haber recibido un requerimiento que les permitiera subsanar, mejorar o reformular los aspectos de las propuestas que se han considerado incompatibles con la normativa sobre Formación Sanitaria Especializada (FSE), lo que les ha impedido adaptar sus proyectos.

"A falta de un Real Decreto más adaptado a las características específicas de las especialidades odontológicas en Europa, los títulos oficiales de especialista deben ajustarse, de la manera más racional posible, al marco legal de la FSE descrita en el Real Decreto 589/2022, que comprende la relación laboral especial de residencia típica de los profesionales especialista de Medicina, la retribución del especialista en formación, la actividad asistencial supervisada, la tutorización, la asunción progresiva de responsabilidades y la evaluación de competencias", han continuado.

En este sentido, han afirmado que la adaptación al sistema de residencia no puede consistir en trasladar automáticamente a la Odontología un modelo concebido fundamentalmente para especialidades médicas desarrolladas en grandes hospitales. La actividad odontológica especializada se presta mayoritariamente en clínicas odontológicas, centros universitarios, unidades ambulatorias y otros centros sanitarios.

Por ello, la SEPA, la SECIB, la SEDO, la SEPO, la SEPES y la AEDE han reclamado que este departamento ministerial "lidere el desarrollo de un modelo de residencia plenamente reglado, remunerado, acreditado y evaluado, pero razonablemente adaptado a la realidad clínica de la Odontología". Este "podría integrar clínicas odontológicas universitarias, centros sanitarios públicos y hospitales acreditados, siempre que garanticen la contratación y la retribución de los residentes, así como la actividad asistencial efectiva, la tutorización, la supervisión, la evaluación y la asunción progresiva de responsabilidades", han explicado.

Tras explicar que la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) permite, en su artículo 20.4, adaptar los principios generales de la residencia a las características específicas de determinadas profesiones sanitarias, entre ellas la de dentista, han informado de que esta "contempló, además, la existencia de especialidades cuyo sistema formativo no era el de residencia".

De hecho, la disposición transitoria cuarta de esta norma "estableció que el Gobierno debía modificar, suprimir o adaptar esos sistemas a los principios generales de la residencia en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, plazo que concluyó en noviembre de 2008", han abundado, para añadir que "aunque esta disposición se refería directamente a especialidades ya existentes, evidencia que el legislador era consciente de que no toda la FSE partía de una estructura 'hospitalocéntrica' y de que correspondía al Gobierno desarrollar las adaptaciones necesarias".

Junto a ello, han argumentado que esta dificultad fue identificada expresamente por el Consejo de Estado en su Dictamen 204/2022, de 9 de junio, emitido durante la elaboración del Real Decreto 589/2022. Este órgano señaló que la configuración del sistema español podía impedir que los dentistas dispusieran de especialidades reconocidas, que sí existen en otros Estados de la Unión Europea (UE), con posible repercusión en la libre circulación de los profesionales.

Por todo ello, han subrayado que el problema no reside en la inexistencia de áreas odontológicas diferenciadas ni de necesidades formativas específicas, sino en la falta de un marco adecuado para integrarlas en el sistema español de FSE. Ante ello, los recursos presentados argumentan la necesidad de anular las resoluciones por haberse dictado sin completar el procedimiento legalmente establecido y solicitan la retroacción de las actuaciones para emitir los informes preceptivos, realizar el test de proporcionalidad, abrir el trámite de audiencia y permitir la reformulación de los modelos formativos.

Una vez expuesta la "voluntad de diálogo y de colaboración institucional", han mostrado su confianza en que el Ministerio "estime las peticiones planteadas, reabra los procedimientos y lidere, junto con las comunidades autónomas, las universidades, el Consejo General de Dentistas, la Conferencia de Decanos y las sociedades científicas, la definición de un modelo propio de residencia odontológica".

La solución "no consiste en excluir a la Odontología del sistema de residencia ni en imponerle una estructura 'hospitalocéntrica' ajena a su realidad clínica", han insistido, para agregar que esta para por "aprovechar las posibilidades de adaptación previstas en la ley para construir un sistema riguroso, viable, remunerado, sujeto a garantías públicas y alineado con el entorno europeo".