La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha reclamado una política de prevención de incendios estable, coordinada, basada en la evidencia científica, dotada de recursos plurianuales y que sitúe la salud pública en el centro de la respuesta.
Según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026 se han visto afectadas 172.396 hectáreas de superficie forestal, casi seis veces más que las 29.817 registradas en el mismo periodo de 2025. También se han contabilizado 35 grandes incendios forestales, frente a los 11 registrados en esas mismas fechas del año anterior.
Ante esta situación, SESPAS ha insistido en la importancia de anticiparse y no actuar únicamente cuando el incendio está activo. Como ha subrayado, ningún dispositivo de extinción puede compensar por sí solo décadas de abandono rural, acumulación de combustible y planificación insuficiente.
La sociedad ha propuesto una gestión forestal adaptativa, la recuperación de paisajes en mosaico, el apoyo a la ganadería extensiva, la agricultura y el pastoreo, la protección de núcleos habitados e infraestructuras críticas y la incorporación del riesgo de incendios a la planificación urbanística.
Dentro de estos planes, ha resaltado la salud como un componente fundamental. Según ha detallado, el daño de los incendios no se ciñe a las zonas alcanzadas por las llamas, sino que el humo puede desplazarse cientos de kilómetros y agravar patologías respiratorias, además de aumentar el riesgo de episodios cardiovasculares y respiratorios e irritar los ojos y las vías aéreas.
Los colectivos más vulnerables son las personas mayores, embarazadas, niños, personas con enfermedades crónicas, personas sin hogar y trabajadores expuestos, tal y como ha apuntado que recoge la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) en un posicionamiento.
A estos efectos se suman las quemaduras, los traumatismos, la interrupción de tratamientos, los desplazamientos, la pérdida de viviendas y empleos, la ansiedad, el duelo y las consecuencias duraderas sobre la salud mental.
Por ello, ha urgido a reforzar la vigilancia en tiempo real de las partículas PM2,5, establecer alertas públicas comprensibles, desarrollar protocolos sanitarios comunes, habilitar refugios con aire limpio, asegurar la continuidad de los tratamientos y realizar un seguimiento epidemiológico de los efectos inmediatos y tardíos.
"España no puede normalizar que cada verano se traduzca en pérdida de vidas, evacuaciones masivas, aire irrespirable y territorios devastados. La respuesta debe ser firme, solidaria y científica: proteger hoy a la población expuesta y transformar desde mañana las condiciones que alimentan los grandes incendios", han aseverado desde SESPAS.
Para finalizar, la sociedad científica ha expresado su solidaridad con las personas fallecidas, heridas, evacuadas y confinadas, así como con las comunidades afectadas y con quienes trabajan en la extinción, la atención sanitaria, la protección civil y el apoyo social. Asimismo, ha ofrecido su experiencia para colaborar en la evaluación de riesgos, la vigilancia epidemiológica, la comunicación a la ciudadanía y la elaboración de protocolos.