La UE acuerda condicionar a la readmisión de migrantes las preferencias comerciales para países en desarrollo

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

Los negociadores del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para condicionar las preferencias comerciales que permiten a países en desarrollo exportar a la Unión Europea con aranceles muy bajos o nulos a su cooperación en materia de control migratorio y readmisión de retornados a partir del 1 de enero de 2027.

Los colegisladores rompieron las negociaciones en 2023 por la negativa entonces de los eurodiputados a vincular la migración y el comercio con los países en desarrollo, pero el acuerdo con el nuevo Parlamento ha llegado tras incluir "criterios más estrictos" para activar la "condicionalidad de readmisión" propuesta por la Comisión Europea para esta reforma.

Así, la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) permitirá retirar estas ventajas arancelarias a un país determinado "si no coopera con la Unión Europea en la readmisión de sus nacionales", según ha indicado el Consejo en un comunicado publicado tras el acuerdo.

Será la Comisión Europea quien estará encargada de "supervisar" el cumplimiento de las obligaciones de readmisión y quien tendrá la potestad para actuar, aunque tendrá que informar con transparencia al Parlamento y al Consejo de las eventuales decisiones que se tomen.

La Eurocámara, por su parte, ha apuntado que se han introducido por su iniciativa "criterios más estrictos" para activar esta condicionalidad, por ejemplo que se deba iniciar un procedimiento de evaluación vinculante con el país tercero "de al menos doce meses" antes de tomar ninguna medida.

Además, se prevé un periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor de la reforma del SPG antes de que la "condicionalidad de readmisión" sea aplicable a los países menos desarrollados.

La revisión del marco comercial con países en desarrollo endurecerá también las exigencias en materia de Derechos Humanos y medio ambiente, además de permitir una mejor supervisión y transparencia del programa, según ha indicado el Consejo.

Para ello, por ejemplo, se aumenta la lista de convenios internacionales sobre Derechos Humanos, medio ambiente y condiciones laborales que deberán ser respetados por los participantes del programa y se crea un procedimiento de urgencia para la retirada rápida de las preferencias en caso de violación de los principios de estos convenios.

El nuevo marco de preferencias comerciales --que necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara para ser adoptado-- incluye otras modificaciones como una salvaguarda específica para las importaciones de arroz a la Unión Europea.

Se trata de un mecanismo específico para este sector considerado "sensible" para los productores europeos, que se activará de manera automática si se supera el umbral de importaciones fijado para un determinado país tercero exportador.

De este modo, se establecen contingentes arancelarios para el arroz y, en caso de un aumento "significativo" de las importaciones de este alimento por encima del promedio histórico de la UE, se aplicará un arancel de nación más favorecida durante un periodo determinador con el que mitigar el riesgo de "perturbaciones graves en el mercado arrocero europeo". El acuerdo aclara que este tipo de mecanismo automático no deberá aplicarse a otros productos agrícolas más allá del arroz.

Además, el acuerdo delimita también medidas de salvaguardia específicas en las importaciones de textiles y etanol para los países SPG y SPG+, pero no serán de aplicación para los países clasificados como 'Todo menos armas' (EBA, por sus siglas en inglés), en donde se enmarcan los países menos desarrollados.

De hecho, las salvaguardas previstas para los grupos SPG y SPG+ sólo se aplicarían si el valor de estas importaciones procedentes del país afectado superara el 6% del valor total de las importaciones de la UE del producto afectado y el 47% de las importaciones de todos los beneficiarios del SPG.

La revisión aboga, asimismo, por establecer "plazos claros" para la evaluación que debe llevar a cabo el Ejecutivo comunitario mediante un mecanismo especial de vigilancia ante aumentos "repentinos" de las importaciones. También se ha reforzado el mecanismo especial de vigilancia para que la UE pueda intervenir cuando las importaciones de productos agrícolas generen perturbaciones en el mercado comunitario.