"Ante el atropello a la democracia y el orden constitucional he puesto en conocimiento de la Fiscalía de Ecuador la noticia del presunto delito de prevaricato por suspender los derechos políticos a la vicepresidenta de la República, sin que esta potestad esté permitida por la Constitución", ha dicho Abad.
La instancia sentenció que “nula la elección efectuada en la Central Unitaria de Trabajadores el 30 de mayo de 2017, que estuvo destinada a la renovación del Consejo Directivo Nacional, debiendo la organización realizar un nuevo e íntegro acto eleccionario.”