En el escrito presentado este jueves, el Gobierno pide que el Tribunal Constitucional resuelva la controversia y declare si el texto que debe ser promulgado es el de la Cámara de Diputados o el de la Contraloría.
El texto sostiene que impedir sólo a las personas jurídicas con fines de lucro ser controladoras de instituciones de educación superior es discriminatorio y arbitrario, ya que ésto no se aplica para las personas naturales que también persigan fines de lucro y quieran ser controladores de una universidad.
Dejándose en evidencia entonces que en esta vulgar operación comercial el Tribunal Constitucional fue un simple “ayudista” del poder ejecutivo y del poder legislativo.