“En el caso de expandirse este tipo de sistemas de carácter intrusivo se hace necesario contar a la brevedad con una ley que prevenga eventuales abusos y que permita tener una autoridad de control con las facultades fiscalizadoras y sancionatorias, que garantice el adecuado ejercicio del derecho a la protección de datos de las personas”, señaló el presidente de la entidad, Marcelo Drago.
