Sergio Bitar

En diversos artículos de principios de año (“Tiempos Nublados para América Latina”, La Nación, 11 de enero de 2020; “Democracia Asediada”, Wall Street Magazine, 30 de enero de 2020), alertamos que Latinoamérica debía prepararse para vivir un 2020 igual o incluso más convulso que el 2019. El pronóstico -pesimista en ese momento-, quedó brutalmente superado con la llegada del COVID-19; pandemia que vino a sumar mayor complejidad, incertidumbre y volatilidad a un cuadro regional bastante turbulento e inestable. Nuestro análisis anterior se sustentaba en una premisa principal: vivíamos en un mundo de cambios graduales. Pero, en cuestión de pocas semanas, este supuesto se desplomó, y ahora atravesamos un período caracterizado por una gigantesca disrupción difícil de comprender y, menos aún, proyectar. 

La acusación constitucional al presidente de EEUU se sustenta en dos motivaciones. La primera, una motivación político electoral, confrontar a Trump para derrotarlo. La otra, es la honda preocupación por el debilitamiento de la democracia de Estados Unidos, de sus instituciones y normas, debido al comportamiento de un presidente que irrespeta los mecanismos de equilibrio institucional, las prácticas y la cultura democrática.

No basta con seguir a diario el precio del cobre para estimar cómo evolucionará la economía, los aportes al fisco y las inversiones. El futuro dependerá también de decisiones que diversifiquen y eleven el valor agregado a partir del cobre. Una de ellas concierne a la capacidad nacional de fundición.