Para las empresas, la ley introduce el principio de responsabilidad proactiva, delegando en ellas la implementación de medidas adecuadas para proteger la información, adaptándose a la evolución tecnológica.
En la región, como es lógico, las normativas de protección de datos varían significativamente de un país a otro, por lo que uno de los principales problemas en Latinoamérica es la falta de armonización entre las diferentes normativas.