Las autoridades hongkonesas acusan a estos activistas opositores de intentar "subvertir el poder estatal" pero, para los firmantes del comunicado, se les persigue únicamente "por ejercer su libertad de expresión", algo que ya habían expresado varios gobiernos a título individual.
El caso más grave es la nueva ley de prohibición de que las mujeres hablen en público o lleven la cara descubierta fuera de sus domicilios.
Los señalados son tres empresas y cuatros personas, todos ellos responsables de colonias penitenciarias, a quienes el Ministerio de Asuntos Exteriores británico señala como responsables de participar en la represión de la oposición bielorrusa.