El caso más grave es la nueva ley de prohibición de que las mujeres hablen en público o lleven la cara descubierta fuera de sus domicilios.
Los señalados son tres empresas y cuatros personas, todos ellos responsables de colonias penitenciarias, a quienes el Ministerio de Asuntos Exteriores británico señala como responsables de participar en la represión de la oposición bielorrusa.
