Aunque al término de la investigación realizada de oficio por la Fiscalía, que tuvo como objetivo fiscalizar las relaciones entre los colegios y los proveedores de uniformes conforme a la señalada jurisprudencia, se detectaron pocos incumplimientos sobre la forma en que los colegios asignaban proveedores exclusivos de uniformes escolares, sí se observó una serie de prácticas que restringen la libre competencia y pueden afectar a padres y apoderados.
