Esta modificación fue propuesta por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a través de una recomendación normativa remitida en enero pasado al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que son las autoridades encargadas del proceso de tarificación.
La propuesta busca fijar una nueva tasa de actualización, representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.