El objetivo de la acción judicial es que la empresa devuelva el dinero de quienes no pudieron viajar y compense por los daños provocados a los consumidores afectados. Además, el Sernac pretende que la justicia anule una serie de cláusulas abusivas con las que la empresa justificaba su actuar, aplicando penalidades unilaterales a quienes reagendaban o cancelaban sus viajes.