La rápida adopción del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto ha sido un gran impulso para los esfuerzos mundiales para salvaguardar los recursos marinos y lograr la seguridad alimentaria.
“La pesca ilegal extrae millones de dólares de los bolsillos de los pescadores y empresas que sí cumplen con la ley en América Latina y el Caribe. Además, al no estar reglamentada, devasta la biodiversidad marina y afecta a las economías nacionales”, explicó el representante regional de la FAO, Julio Berdegué.