La ley autoriza a los Tribunales de Familia a investigar los antecedentes financieros del deudor, incluyendo cuentas bancarias y ahorros previsionales. Esto permite, previa solicitud de la parte afectada, despachar oficios a entidades bancarias y financieras para investigar y, si es necesario, retener fondos del deudor para saldar las deudas de pensión alimenticia.
