La Comisión requirió a las entidades informar sus planes de continuidad operacional, evaluar posibles impactos financieros, instruyó sobre las medidas necesarias para la atención de clientes y usuarios y está en coordinación constante con las autoridades económicas. La institución implementó además un plan para garantizar su continuidad operacional y la atención a fiscalizados y público, incluyendo medidas de teletrabajo.