La actividad del factoring en Chile es plenamente lícita, normada por la Ley 19.983 (2004) y, luego, por la Ley 20.323 (2009). Ha experimentado un fuerte desarrollo a través de las empresas de servicios financieros no bancarios, haciéndose muy competitiva en el ecosistema de las pymes cuyo dolor permanente es el acceso al financiamiento.
