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El juez de inmigración Jamee Comans ha determinado que el Gobierno del presidente Donald Trump ha planteado "pruebas claras y convincentes" para deportar a Jalil bajo el supuesto de que sus creencias comprometen la política exterior estadounidense.

"Ante el atropello a la democracia y el orden constitucional he puesto en conocimiento de la Fiscalía de Ecuador la noticia del presunto delito de prevaricato por suspender los derechos políticos a la vicepresidenta de la República, sin que esta potestad esté permitida por la Constitución", ha dicho Abad.

Dos representantes de los empleados habían presentado previamente una demanda, argumentando que el Gobierno de Donald Trump no tenía autoridad para suspender a los empleados, según han informado medios estadounidenses como 'The New York Times'. El juez aclaró que su fallo era provisional mientras continuaba el litigio.

Morales no se presentó este martes en los juzgados de Tarija alegando problemas de salud, por lo que la vista fue aplazada para este viernes, advirtiéndole de que en caso de no comparecer sería declarado en rebeldía y por tanto, se emitiría una orden de detención contra él.