En el contexto de la discusión de las denominadas reglas de uso de la fuerza, se ha debatido en el Congreso la propuesta de someter a los tribunales militares el conocimiento de las causas en que sean imputados uniformados por delitos cometidos durante un estado de excepción constitucional, en el resguardo de la infraestructura crítica, zonas fronterizas o procesos electorales.
