No bastan las buenas intenciones ni el voluntarismo del legislador para propender a una verdadera integración en esta materia, sino que, esto se debe traducir en acciones concretas, fiscalización del cumplimiento de la normativa y eficiencia en la atención de las denuncias que puedan realizar los afectados por incumplimiento de las normas que contempla la nueva ley.
Al parecer la libertad ideológica sólo funciona para un sector, pero no para todos, lo que se transforma en consecuencia en una verdadera dictadura.
Es cierto que nuestra Constitución merece ser reformada para ser considerada una Constitución moderna según los actuales principios constitucionales, pero esa labor no poder ser utilizada por el gobierno de turno para fines partidistas, sino que debe ser enfocada de cara a todos los sectores de nuestra democracia, con el debido tiempo, discusión y debate de expertos provenientes de sectores transversales.
Al parecer el ahora ex Ministro de Justicia, ignora que la soberanía radica esencialmente en la Nación y se ejerce por todos mediante el sufragio y la elección de las autoridades, quienes detentan un poder que la Nación le ha entregado. Este poder no se ejerce en forma indiscriminada, arbitraria, ni a puerta cerrada.
Se debe llegar hasta el final en esta Investigación por la forma en que se cumplen los procedimientos policiales, investigativos, de inteligencia policial, pero también se debe reflexionar respecto de la labor tanto de fiscales como de jueces en el marco del sistema procesal penal que nos rige. Este “Huracán” ha puesto en la vista lo peor del sistema… solucionarlo es un deber ineludible de las autoridades.
Dentro de los aspectos significativos de este nuevo organismo está el hecho que separa la función de investigación de la función sancionatoria