Desde el primer proyecto de ley ingresado por el ministro Montes el año 2019 para aumentar el tamaño de subdivisión mínima a 4 hectáreas, se ha generado un ambiente de incertidumbre en la industria, lo que ha promovido una serie de efectos negativos tanto para los clientes como para el mismo ecosistema. Ejemplo de esto es que la explosión de permisos de subdivisión ha aumentado en un 90% los últimos años según un estudio del SAG.
