Según los datos vertidos por la organización, de las más de 91.000 personas afectadas, más de 50.000 han sido desplazadas hacia los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña, buscando refugio en centros de acogida temporales, hoteles y comunidades de acogida.
Se trata del segundo decreto presidencial de Noboa de 2025 y se fundamenta por el incremento de los hechos violentos, incluidas muertes y ataques contra efectivos de las fuerzas de seguridad, en provincias como Los Ríos, Guayas, o Manabí.