La propuesta, discutida sobre la base del informe de la comisión mixta que vino a superar las diferencias con el Senado, establece las responsabilidades para los usuarios y emisores; define obligaciones de seguridad específicas para los emisores; y avanza en regular los delitos asociados y en las sanciones respectivas.
De acuerdo a la Asociación de bancos, “el proyecto de ley vulnera el derecho constitucional al debido proceso, la presunción de inocencia y otras garantías constitucionales.”